sábado, 24 de agosto de 2024

Combatir corrupción con opacidad, desaparecerán INAI; albazo legislativo de Morena

 


Con un albazo de fin de semana, legisladores de Morena aprobaron el decreto para eliminar un total de siete organismos autónomos, de los cuales el de mayor impacto a la población, por sus efectos en la democracia y combate a la corrupción –real- será el del INAI, pero también el del CONEVAL, que da luces sobre la efectividad o no de los programas sociales y mide su impacto de forma real.

No obstante la oferta de terminar con la corrupción y combatirla –lo cual no ha ocurrido sino que se ha profundizado-, finalmente se aprobó la desaparición de ambos organismos, de un total de siete.

Los otros son: Comisión Federal de Competencia Económica (COFECE); responsable de promover la competencia y evitar prácticas monopólicas; el Instituto Federal de Telecomunicaciones (IFT), responsable de regular las telecomunicaciones y la radiodifusión, así como el Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales (INAI)

Se informó que las funciones del organismo serán transferidas a la Secretaría de la Función Pública y a los órganos de control del poder Legislativo y Judicial; mientras que lo concerniente a partidos políticos quedaría a cargo del Instituto Nacional Electoral (INE).

También desaparecerán la Comisión Reguladora de Energía (CRE); la Comisión Nacional de Hidrocarburos (CNH), responsable de la exploración y extracción de hidrocarburos y la Comisión Nacional para la Mejora Continua de la Educación (MEJOREDU); además de CONEVAL.

El gobierno de López Obrador justificó que la desaparición de estos organismos representara ahorros de más de 32 mil millones de pesos y que sus funciones serán absorbidas por otras instancias gubernamentales.

Las reformas se aprobaron con la mayoría de Morena en la Cámara de Diputados federal.

Cabe señalar que el CONEVAL, que también se pretende desaparecer, es un organismo público descentralizado con autonomía y capacidad técnica para generar información objetiva sobre la situación de la política social y la medición de la pobreza en México, lo que permite mejorar la toma de decisiones en la materia.

Sus funciones serían absorbidas por el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI).

El INAI por su parte ha sido el único y ás efectivo mecanismo para que cualquier ciudadano pueda acceder a información pública del gobierno federal y de los estados, además de haber permitido obtener información clave para destapar auténticos escándalos de corrupción y abusos de poder por parte de periodistas, tanto de medios nacionales, como locales, independientes o no.

El INAI ha permitido a ciudadanos, activistas y periodistas acceder  incluso a información que no se conocia en casos históricos (como la llamada "guerra sucia", la masacre del 68, el caso Ayotzinapa; sueldos de presidentes, magistrados y sobre altos funcionarios y políticos en el gobierno; casos de nepotismo y trayectorias de funcionarios -corruptos y no corruptos-, etcetétera.

La transparencia es una herramienta que en cualquier nación democrática está abierta a los ciudadanos y organizaciones civiles.


miércoles, 13 de abril de 2022

Desaparecen lagunas de Zempoala, corrupción ante tala ilegal la causa

 


Por: Ma. Teresa Montaño

Al menos seis mil hectáreas de bosques de oyamel han desaparecido por completo en las inmediaciones de las Lagunas de Zempoala, donde el saqueo ilegal de madera, autoridades omisas, megaobras inmobiliarias ligadas al gobierno de Alfredo del Mazo Maza,  autopistas y el cambio climático, se han combinado hasta consumir por completo tres de sus embalses.

Al inicio de esta primavera las lagunas Coyotongo y Petronilos, desaparecieron;  Atescapa agoniza y la Compila se ha secado este año.

Para el investigador Víctor Ávila Akerberg, del  Instituto de Ciencias Agropecuarias y Rurales (ICAR) y quien lleva 20 años monitoreando el Bosque de Agua, la causa del desastre se encuentra detrás de diversos factores atribuibles a alteraciones climáticas mundiales y locales -inducidas por la tala y el urbanismo-, pero también a omisiones y negligencia de autoridades estatales y federales para detener la tala ilegal.

Pero para Nicolás Hernández Alberto, uno de los comuneros ambientalistas que heredó junto con otro puñado de campesinos,  la lucha que encabezó hace 20 años el emblemático ambientalista Idelfonso Zamora,  la razón es solo una: el saqueo  sin castigo de los montes y laderas de San Juan Atzingo, el corazón tlahuica del Bosque de Agua, que sigue latiendo. Exhausto.

Si bien no existe un inventario actualizado de la situación que guarda la biodiversidad del Bosque de Agua, los pronósticos del especialista son reservados: "De continuar las prácticas extractivistas de sus recursos,  se hará imposible vivir en la capital del país, Ciudad de México, en 25 años. Ya no habrá agua, su reservorio principal está a punto de tronar", alertó.

Actualmente esa extensión de bosques que se dispersa fragmentado a través de la reserva de Los Dínamos de Ciudad de México y las inmediaciones del Parque Nacional La Marquesa, hacia el norponiente por Naucalpan y Huixquilucan, más allá fraccionado por el trazo de la México-Toluca,  y siguiendo hacia el sur por  San Juan Atzingo, Estado de ´México y más al sur por los rumbos de Huitzilac, en Morelos, proporciona agua a 25 millones de personas.

Además  el Bosque de Agua  del que forman parte el Parque Nacional Lagunas de Zempoala (decretado así el 27 de noviembre de 1936), no solo es la principal batería  de suministro del vital líquido para enormes poblaciones del centro del país como Cuernavaca,  Ciudad de México (CDMX) y el Valle de Toluca, al proveerles el 70% del agua que consumen, también alberga y sostienen el 10% de la biodiversidad nacional, incluyendo entre dos mil 500 y tres mil especies de plantas.

Esto lo logra a través de un complejo y al mismo tiempo sencillo ciclo del vital líquido que depende de sus conglomerados de oyamel, explicó el experto.

La razón es que estas  coníferas funcionan  como "antenas de nubes", ya que con sus 40 metros de altura en promedio,  atraen las nubosidades  para luego, cuando caen como lluvia sobre sus densas copas, retener la humedad y filtrarla lentamente al subsuelo mediante otra rica biodiversidad con la que interactúan  -por ejemplo los esponjosos musgos-, para irla liberando lentamente hacia el subsuelo.

Se estima que hasta el 41% de la lluvia que captaron arriba los oyameles se filtra abajo y el proceso termina con los manantiales que se forman a partir de la filtración en los bosques, hasta abastece mantos freáticos, manantiales, ríos, arroyos y lagunas, que luego descienden a las poblaciones mediante otra red de tuberías y llaves.

Pero las llaves del cielo han comenzado a cerrarse sobre el Bosque de Agua. Las "antenas" que lo mantienen conectado al sistema hidrológico que arranca en las alturas con la humedad que atraen,  desaparecen aceleradamente para convertirse en muebles y polines.

IMPACTOS ECOLÓGICOS



La desaparición de tres embalses en el Parque Nacional Lagunas de Zempoala en este 2022, ha sido uno de los primeros síntomas graves de la alteración y fragmentación acelerada que presenta en general el Bosque de Agua, como resultado de la tala ilegal,  el urbanismo y los incendios, algunos provocados deliberadamente, advierten los campesinos durante una visita a la zona.

Akerberg coincide, pero también agrega otros elementos que han agravado aún más el fenómeno de la tala fuera de control: el cambio climático y la expansión de las ciudades, junto con las enormes obras de comunicación.

Cita como ejemplo, la nueva autopista a Naucalpan-Touca que terminó por fragmentar el bosque sagrado otomí-Mexica y partir por completo la comunidad de San Francisco Xochicuatla; esto pese a  sentencias que ordenaban la suspensión de las obras.

Paulino Neri Carlos, otro ejidatario de San Juan Atzingo, asegura que de las 18 mil 830 hectáreas que integran el territorio del pueblo tlahuica, incrustado en medio del Bosque de Agua, al menos 13 mil hectáreas  son bosques, o eran.

En sus estimaciones al menos seis mil 500 hectáreas  del parque Lagunas de Zempoala, han terminado  en alguno de los 14 aserraderos "clandestinos" que operan en la zona, sin que ninguna autoridad haga nada nada al respecto, ni responda a sus continuos reclamos, quejas y denuncias.

“Siempre nos dicen que las carpetas están mal integradas”, relata.

No obstante en algunas de estas denuncias ante autoridades estatales  y federales, los ejidatarios  han aportado  nombres y domicilios de los taladores; ubicación de aserradores y sus operadores,  modus operandi y  georreferenciación de estas bandas controlan la tala en las inmediaciones de las Lagunas de Zempoala,  pero ni eso ha servido.

La Protectora de Bosques (Probosque) del gobierno del Estado de México que encabeza Gabriel Mena Rojas, ex coordinador de delegaciones de la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales (Semarnat), en el gobierno de Enrique Peña Nieto, no respondió tampoco los cuestionamientos planteados con motivo de esta investigación, los cuales se hicieron llegar por los canales de comunicación social.

Tampoco respondió la Comisión Nacional del Agua (Conagua), a quien se solicitó una entrevista con el responsable de área y se entregó el cuestionario relacionado con la desaparición de las lagunas; la gestión se hizo con Fernando Melo, director de información. Durante más de un mes, desde el 22 de marzo pasado a la fecha, no se obtuvo ninguna respuesta. Solo evasivas y simplemente dejó de contestar los recordatorios por WhatsApp.

Ante la falta de respuestas oficiales, solo quedan las evidencias de la tala ilegal en tierra y las versiones de los indígenas en el territorio tlahuica, mientras que desde el punto de vista del experto de la Universidad Autónoma del Estado de México (UAEMex), es evidente que faltan “actos de autoridad” decisivos para acabar con la tala.

“Pues si tiene que ver obviamente con decisiones políticas, pues porque no se le ha dado la importancia que esto merece. Todo mundo sabe en las diferentes regiones del Bosque de Agua pues hasta los nombres  y las direcciones de donde viven las personas detrás de la tala ilegal y extracción ilegal de otros recursos naturales, pero pues no se ataca. Entonces aquí, pues no sé qué es lo que está pasando, si hay temor y ya es como una mafia y la misma autoridad no quiere actuar, o hay complicidad, la verdad es que es tan evidente, y pues dice uno ¿Qué están pensando, porque no lo hacen, porque no actúan?”, señala.

Refirió que además de la madera, también se están sustrayendo cantidades extraodinarias de tierra negra, hongos, agua  –que se está privatizando y adjudicando a empresas privadas y embotelladoras-, e incluso especies menores con las que se trafica, como los colibríes y plantas como el musgo y henos en diciembre. Esto tiene que acabarse, señala.

Adicionalmente datos  de la Protectora de Bosques (Probosque) disponibles en su página oficial, revelan que los bosques de la región donde se ubica las Lagunas de Zempoala, ocuparon el segundo lugar en incendios apenas en 2021, con 106 conflagraciones y 1,345.20 hectáreas afectadas; mientras que a nivel nacional, la entidad ocupa el cuarto lugar en incendios.

Frente a este panorama, el experto en el Bosque de Agua estima que alrededor el 10% de sus especies están en riesgo o enfrentan alguna categoría en ese sentido.

Ante la ausencia de acciones y la indolencia oficial, la suerte de las Lagunas de Zempoala  y de  25 millones de humanos,  penden de un bosque.

LOS IMPACTOS

Es marzo. Inicio de la primavera. Cuatro hombres de huaraches y sombrero de San Juan Atzingo bajan por una sinuosa vereda desde la carretera México-Cuernavaca, hacia esa acuosa esmeralda   de bellos reflejos rodeada de cerros boscosos por el frente, rapados por atrás.

En fila uno tras otro descienden hasta las inmediaciones de la Laguna para ver lo que les dejó el más reciente ataque nocturno de las mafias de talamontes que asedian el lugar desde hace más de una década.

 La tala se ha incrementado en 200%  en estos años sostiene Paulino y agrega que solo cuando la Guardia Nacional (GN) entra en acción, muy de vez en cuando, la tala baja en 80%, pero hoy los talamontes operan en sus narices.

A solo unos metros del campamento de la GN, llevan y traen madera como lo más normal…

Adelante siguiendo la dirección de la carretera hacia la Ciudad de México,  los impactos del saqueo: laderas completas de cerros de más de 500 metros de altura han sido arrasadas por completo, de arriba abajo. Luego les han prendido fuego para quemar las semillas y bloquear la regeneración natural.

Detrás de las menguadas lagunas, otro cerro quedo expuesto por completo, su bosque desapareció en un 100%, aunque en este caso la elevación no se alcanza a captar a simple vista, hay que incursionar a lo profundo del bosque.

Los taladores no se han ocupado de intentar simular el desastre, enormes trozos de árboles que no alcanzaron a cargar, son abandonados en caminos que abren con equipo especial durante la noche  y por donde arrastran las moles en ocasiones de más de 60 años.

También hay amplias laderas quemadas por completo donde mataron la vida.

Ese día,  la comunidad de San Juan Atzingo andaba en otro sector de la reserva, intentando por sus propios medios apagar un incendio.

En el pueblo, allá abajo, hicieron correr la voz de “¡fuego, fuego!” y  algunos indígenas,  hombres y mujeres llegaron corriendo a la delegación del Pueblo Tlahuica, subieron a vehículos de uso común para acercarse a la zona, luego  ascender a pie hasta la conflagración. No llevan equipos, solo ganas, conciencia.

Abel Felipe Zamora, advierte que los taladores no solo asolan sus tierras comunales, también provocan incendios para distraerlos, mientras ellos, en algún otro punto distante talan a gran escala apoyados por motosierras, camiones de gran tonelaje, cadenas y guardias armados.

Sostiene que sus comunidades comienzan a recibir los impactos del saqueo a sus bosques, ya no tienen agua o comienza a llegarles menos, algunos arroyos han desaparecido o se han secado por completo. Y esperan que se ponga peor en mayo, dice.

Algunos cultivos de la región también comienzan a resentir la falta de humedad por la pérdida de masa forestal, ya que se nutren y crecen bajo “el sereno”, esa  humedad matutina o rocío que se da entre la madrugada y la mañana en las montañas; es el caso de los ejotes o las papas, también algunas flores de ornato.

Al respecto el especialista  revela que la densidad de los bosques es clave para mantener funcionando todo el ecosistema, pues los conglomerados “apretados” de oyameles, son los que hacen el trabajo descrito arriba. Incluso  hasta la sombra que proyectan y sus copas que se entretejen, “encapsulan” la humedad y la temperatura apropiada. Si el bosque pierde su densidad, todo el sistema comienza a resentirlo.

El otro impacto es que de los embalses de este Parque Nacional, la laguna Tonatiahua, la principal, está reducida al 70%, pero  en algunas zonas ya quedaron expuestos los bordos de más de un metro y en otros puntos comienza a verse  su fondo. El azul turquesa ha sido desplazado por manchones terragosos

Ahí mismo a un costado, un viejo puente de madera que permitía cruzar una pequeña laguna  que los campesinos llamaban “Coyotongo”, se ha esfumado. El puente ya no tiene sentido. La lagunita “Petronilos” también desapareció esta temporada. A lo lejos se observan solo humedades y oquedades de ambas.

Por si fuera poco, otra laguna llama “Quilas”, también ha desaparecido, pero esto se debe a que sus aguas son aprovechadas por el municipio de Huitzilac, en Morelos, para alimentar comunidades aledañas al Bosque de Agua, explican los campesinos.

En las memorias del pueblo tlahuica se tiene la referencia de 70 lagunas, hasta hace 20 años se contaban 7. Hoy son tres.

Filiberto Ciriaco Gómez, el primer delegado del pueblo de San Juan Atzingo, dice que le preocupan sus hijos y los hijos de sus hijos ya que la tala y el saqueo de sus bosques, están llegando a un punto sin retorno. Ávila Akerberg coincide.

También peligran algunas de las especies endémicas más preciadas por los biólogos en esta zona: el conejo teporingo o “acapuche” y el “ajolote de Zempoala”, ambas en riesgo de desaparecer del planeta para siempre.

El experto, quien recién presentó el documental “Xänthe Dehe”, para escuchar voces representativas de los pueblos del Bosque de Agua ante su inminente pérdida, refiere que el 35% de la superficie forestal original de ese enorme ecosistema ya se ha perdido; del Bosque de Zempoala, los campesinos consideran que un tercio se esfumó.

LA PRIMERA LÍNEA



Nicolás Hernández Alberto, quien en 2006 se enfrentó a Enrique Peña de la mano de Idelfonso Zamora –en ese momento presidente de los bienes comunales de San Juan Atzingo-, por la defensa del bosque tlahuica,  advierte que ya son 62 años de lucha por defender su territorio, lo que les ha costado muertos, detenciones arbitrarias, torturas, persecuciones constantes, cárcel injusta y pobreza.

Recuerda que por aquellos años bandas de talamontes que para entonces comenzaban a organizarse con la complicidad de autoridades, les quemaron hasta en tres ocasiones un complejo de cabañas rusticas que habían levantado en las inmediaciones de las lagunas  para rentarlas a los turistas y allegarse de recursos.

Más tardaban en volverlas a armar completas que los taladores llegaban en masa y les prendían fuego durante la noche; y al siguiente día ya las estaban levantando de nuevo… y así, recuerda.

También en 2007, durante el gobierno de Enrique Peña Nieto, cuando comenzó a dispararse la tala en la zona, el hijo de Idelfonso Zamora, fue “cazado” en el bosque que cuidaba, como le enseño su padre, y asesinado por taladores de la comunidad de Santa Lucía.

En esa emboscada del 5 de mayo del 2007, el otro hijo de Idelfonso, Misael, resultó lesionado. La lucha valiente de Idelfonso por la defensa del Bosque de Agua, donde encabezó las primeras campañas comunitarias intensas de vigilancia, defensa y reforestación del gran Bosque de Agua, fue acompañada por organizaciones internacionales como Greenpeace.

A la fecha, al menos dos de los asesinos de Aldo Zamora siguen prófugos de la justicia y en julio próximo Idelfonso cumplirá dos años de haber fallecido, tras un largo padecimiento de insuficiencia renal que se agravó tras ser encarcelado por delitos fabricados.

Lo que pocos saben es que el hombre detrás de Idelfonso, su compañero silente de lucha, fue Nicolás.

Don Nicolás es un indígena alto, delgado, de 60 años y traductor oficial de la lengua tlahuica, que junto con Zamora y sus compañeros del comisariado, se lanzó a la lucha jurídica para obtener el reconocimiento de los territorios del pueblo tlahuica, entre el 2000 y 2015, hasta lograr los títulos oficiales sobre más de 12 mil 500 hectáreas, además de que siguen peleando otras 6 mil.

Ese flanco de su lucha, abierto por ya casi dos décadas, les ocupaba desde entonces la mitad del tiempo, la otra mitad la dedicaban a sembrar árboles e idear estrategias para combatir la tala, a veces para pelear por cada árbol prácticamente cuerpo a cuerpo contra los taladores.

En alguna ocasión, Idelfonso, Nicolás, Paulino y otro compañero fueron secuestrados por policías estatales a bordo de patrullas. Tras ser golpeados por alrededor de 30 elementos y cuando estuvieron a punto de recibir el tiro de gracia, uno de los indígenas les dijo mirando directo al cañón: “Dispara, pero ya sabemos dónde vive tu familia y quienes son tus hijos”.

Avergonzado el comandante al frente del operativo, suspendió todo.

Ese indígena sagaz, fue Nicolás.

Don Nico recuerda que en el trayecto de esa lucha y cuando Idelfonso se sentía cansado debido a su enfermedad, uno a otro se decían: “vas tú”, y el siguiente tomaba el mando para marcar ruta a los campesinos que sin saber, ya estaban convertidos en activistas ambientales de talla mundial.

Luego cuando se cansaba Nico, Poncho –como lo llamaba Nicolás- decía: voy.

Nicolás en esos años recibió la encomienda de su pueblo de dirigir la lucha jurídica para obtener los títulos del territorio tlahuica, en tanto que Idelfonso llevaba la estrategia vigilante de los bosques. Al recordarlo ahora, el indígena considerado además el mayor experto en México en el idioma tlahuica, se sorprende a sí mismo cuando repara en que ni siquiera él supo cómo es que lo logró, ya que apenas curso el primer año de primaria.

A pesar de ello, recuerda que por años iba y venía a los juzgados especializados en temas agrarios y a los tribunales o a las fiscalías, sin saber ni entender absolutamente nada y con expedientes debajo del brazo que le costaba trabajo leer.

Tuvo que pedir permiso a su esposa e hijos, para visitar a hermanos de otras etnias en Oaxaca, Sonora y Veracruz, que ya habían logrado los títulos de sus territorios y que le explicaran cosas. También recuerda que en cada ida a los juzgados ponía mucha atención a los términos, hacía anotaciones y a veces pedía que le explicaran.

Más adelante descubrió que el abogado que habían contratado los engañaba y se había corrompido y cuando entendió más de términos jurídicos al fin encontró el camino, despidió al abogado, lo demandó y busco otro. Terminó haciéndose conocido entre magistrados y jueces y sí, logró los títulos del territorio de su pueblo.

Apenas en diciembre pasado San Juan Atzingo se declaró Municipio Autónomo Tlahuica y ahora  está concentrado en buscar reconocimiento como el municipio 126 del Edomex, pero buscan lograrlo, advierten, de forma pacífica. Incluso ya tienen una delegación, un cabildo y un ayuntamiento propios.

Y no, no se han rendido.

URBANISMO, BOSQUE A LA VENTA

Pese a que el 71% del Bosque de Agua forma parte de reservas naturales, parques o áreas naturales protegidas, esto no ha servido para detener el asedio ni de taladores ni de la explosiva expansión urbana  con sus megaobras y un ambicioso mercado inmobiliario que en los últimos tres sexenios en el Estado de México, ha centrado su atractivo en las zonas boscosas y reservas naturales o sus inmediaciones.

El investigador de ICAR, Víctor Ávila, advierte que cada vez crece más la expansión urbana dentro del Bosque de Agua, mientras que el director de agua y saneamiento de Ecatepec, Mario Luna, asegura que este explosivo aumento inmobiliario durante los últimos lustros en zonas consideradas  estratégicas para garantizar el abasto de agua en el Estado de México, solo puede explicarse de una forma: corrupción.

Registros de la Secretaría de Desarrollo Urbano y Obras Públicas, indican que entre 1999 y el 2019, el gobierno del Estado de México concedió  443 permisos a  igual número de conjuntos habitacionales y  un millón 163 mil 708 unidades, tanto de interés social y residenciales.

Esto significó la construcción 6.64 viviendas por hora entre 1999 y 2019, aunque fue durante los sexenios de Arturo Montiel, Enrique Peña y Eruviel Ávila, donde comenzaron abrirse las fronteras forestales a la venta.

Montiel  (1999-2005), prácticamente entrando, en 2001, concedió los primeros permisos de construcción masiva de viviendas para municipios que tenían  reservas de algún tipo (parques naturales, áreas protegidas o amplias riquezas forestales o de agua), como Valle de Bravo, Ixtapan de la Sal, Huixquilucan (el cual bordea el Bosque de Agua) y hasta en Tejupilco y Tonanitla.

En total Arturo Montiel concedió 181 permisos entre 1999 y 2005, para igual número de desarrollos con 351 mil 761 viviendas y residencias. Sus permisos incluyeron 4 mil viviendas al lado y enfrente del penal Santiaguito de Almoloya de Juárez (con la devastación de un cerro completo de donde las constructoras se abastecieron de grava), y los primeros desarrollos que abiertamente anunciaban su construcción en  zonas forestales.

Por ejemplo: Entre 2002 y 2004 autorizó desarrollos en Tonanitla con dos mil 901 viviendas y dos  más en Huixquilucan, con 2 mil 770 residencias  en el mismo lapso y con nombres tan irresistibles como “Bosque Real” (1ª y 2ª etapa) o Los Robles.

En Ixtapan de la Sal concedió los primeros permisos para residencias de alta plusvalía y en zonas “exclusivas”, sobre cerros,  montes y con vistas espectaculares. En esa localidad, con grandes suministros de aguas termales, Montiel permitió la construcción de las primeras 690 residencias  exclusivas  entre 2001 y 2004. Residencias que terminaron por ocupar políticos millonario o altos funcionarios de la administración pública, como jueces y más tarde expresidentes como Peña Nieto.

Peña aprendió bien. Siguió la política de su tío y autorizó la construcción y venta de terrenos, permisos y casas en zonas boscosas, un gran negocio para las empresas inmobiliarias.

Entre septiembre del 2005 al 2011, el gobierno de Enrique Peña Nieto concedió 175 permisos para construir 666 mil 175 viviendas y residencias. Con su proyecto “Ciudades Bicentenario”, prácticamente remató a los constructores, los municipios de Zumpango, Tecámac, Huehuetoca y los Cuautitlanes para los pobres, con miles y miles de viviendas de interés social; y en Huixquilucan, Lerma y Ocoyoacac para los ricos, en zonas boscosas.

De esta forma Peña comenzó a poblar las montañas de Ocoyoacac, y Lerma, cercanas al Parque Nacional conocido como la Marquesa, inmerso en el Bosque de Agua, con  desarrollos para personas de altos ingresos como “Bosques de los Encinos” (donde vive su tío Arturo Montiel),  con 372 residencias y dos permisos entre 2007 y 2010, e incluso Metepec, con desarrollos también de alta plusvalía y sobre zonas ejidales, que bordeaban ese bello municipio, hoy controlado por las élites económicas de la entidad, ligadas al PRI.

En Valle de Bravo hizo lo mismo, asignó los primeros permisos en áreas boscosas.

Con Eruviel Ávila, las zonas forestales de Ocoyoacac terminaron cercando la Marquesa por completo.

El “vidrierito de Ecatepec”, no paró de dar permisos en esa demarcación, donde el Bosque de Agua, del que forma parte La Marquesa (con terrenos de Ocoyoacac y Lerma) es casi un recuerdo, además de en otras zonas forestales como Jilotzingo, donde bajo nuevas figuras que involucran Fideicomisos, autorizó el desarrollo “Bosque Aviva 58”, para la insuperable cantidad de 19 mil 958 viviendas.

 Jilotzingo es famoso por sus bosques limítrofes con el Bosque de Agua.

Este permiso en particular, llama la atención pues se concedió a menos de un mes de que dejara el cargo, el 1º de agosto de 2017.

Sin embargo antes, en 2014, ya había autorizado los desarrollos “Vista  Bosque”, también en Ocoyoacac, con 277 residencias y centros comerciales y “Bosque de los Encinos” 3ª etapa, con otras 132 residencias.

Al siguiente año, Ávila Villegas, continuó poblando los cerros y montes de Ocoyoacac, Huixquilucan (Paseo del Bosque II, 330 residencias), Tonanitla y Nextlalpan. Lo mismo que en 2016, con nuevas autorizaciones para Huixquilucan (dos desarrollos más con 5 mil 501 viviendas) e inaugurando nuevas figuras legales para estas transacciones como “fideicomisos irrevocables de administración con derecho de reversión”.

Curiosamente, en 2017, y llegando, Alfredo del Mazo concedió algunas de las autorizaciones que más han impactado en los últimos años las zonas forestales que agonizan en Edomex.

En Huixquilucan, de donde es hijo pródigo, el 25 de septiembre de ese año, solo 10 días después de que asumió el cargo, aprobó a la firma SAPI el desarrollo con el nombre ecológico de “Cima del Bosque” para edificar cinco mil 564 residencias; y en Zumpango dos mil 818, en el conjunto “Paseos de la Laguna”, en tanto que en Temascalapa, localizado a los pies de la zona de los volcanes, dio la autorización para el desarrollo “Lomas de Paula” para 3 mil 685 viviendas.

En total, llegando Del Mazo autorizó nueve conjuntos con 16 mil 917 viviendas y residencias en siete municipios, pero sobre todo en Huixquilucan, Zumpango y Huehuetoca.

La actual administración de Alfredo del Mazo aún no transparenta los permisos que ha concedido para desarrollos habitacionales de los años 2020 y 2021, sin embargo ha saltado a la polémica en los últimos meses, frente a la inacción de su gobierno ante desarrollos residenciales de alta plusvalía en zonas de reserva de Valle de Bravo, donde hasta el agua del Sistema Cutzamala se están robando,  con la desviación de manantiales completos, para llenar albercas y presas “privadas” en la parte alta de Ávándaro, según lo  denunció y documentó con fotos y pruebas documentales,  el observatorio ciudadano de la Cuenca de Valle de Bravo.

Dichas intervenciones en la zona boscosa de Avándaro, tienen que ver con permisos irregulares concedidos a la empresa Stuppa Ranch  Residencial y Stuppa Ranch Hotel, denunciaron los ambientalistas.

Igualmente denunciaron la semana pasada, la construcción del Libramiento Norte de Valle de Bravo, por parte de la secretaria de comunicaciones del gobierno mexiquense, obra para la cual la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales (Semarnat), le negó las autorizaciones de Impacto Ambiental lo que no le impidió seguir con las obras violando la ley,  denunció el Centro Mexicano de Derecho Ambiental (CEMDA), el Observatorio Ambiental de Valle de Bravo y otras cuatro organizaciones más.

OMISIÓN: SELLO DISTINTIVO DEL GOBIERNO DELMACISTA

Ante este panorama y una escalada masiva de quejas por tala fuera de control en todo el territorio y particularmente en  áreas consideradas estratégicas para la seguridad hídrica del centro del país, como Atlautla, el bosque tlahuica, el bosque de agua, ahora Calimaya y Nextlalpan, además de Valle de Bravo,  la diputada local de Morena, Azucena Cisneros Coss,  consideró que la “permisividad” y la “omisión” del gobierno de Alfredo del Mazo, se han convertido en el “sello” distintivo de su gobierno, ante la pasividad, indolencia e incluso desprecio por casi todo.

Advirtió que esta impasividad e inacción del gobierno Delmacista, no es notoria solo en el tema ambiental, pues lo mismo ocurre con la seguridad, el abasto de agua, los servicios públicos y la procuración de justicia. Todo.

“Cómo te explicas que haya tanta omisión con tanta necesidad; el tema de la escases del agua en el valle de México por lo menos y en todos lados, es una realidad, es decir eso ya llegó, cada día hay menos agua en el valle de México  y estamos a punto de extinguir todos estos espacios, estos lugares que pueden estar suministrando servicios ambientales, entonces es indiferencia, es omisión, es impunidad, es corrupción, es estar coludidos,  es desprecio, es indiferencia, no encuentro otra manera de poder explicar lo que está sucediendo”, destacó.

Indicó que el gobierno del Estado de México está concentrado básicamente en “programas electoreros” ante la proximidad de las elecciones para renovar la gubernatura en 2023 (cuyo proceso inicia en septiembre próximo) y en atender temas de inmediatez.

LLAMADO URGENTE, DECLARAR ZONA DE EMERGENCIA LOS BOSQUES

Por su parte el pueblo tlahuica indicó que continuarán patrullando y vigilando sus bosques, porque estos territorios son sagrados y vitales para la continuidad de sus tradiciones, además de demandar la intervención urgente del presidente de la República, Andrés Manuel López Obrador y de las autoridades mexiquenses, ante el inminente colapso del parque natural Lagunas de Zempoala.

También al cierre de este trabajo, le hicieron llegar una carta al ejecutivo federal, solicitando que se declare “zona de emergencia o de contingencia ambiental a los bosques de los bienes comunales de San Juan Atzingo y los del Parque Nacional Lagunas de Zempoala; que se instalen casetas de inspección permanentes y de vigilancia, para que se revisen las unidades que entran  y salen a estas zonas a punto de colapsar; confiscar todos los aserraderos que operan en la zona; que no queden impunes los que compran esos grandes volúmenes de manera extraída de forma ilegal y que se revisen permanentemente los talleres de carpintería que operan en la zona, entre otros puntos.

De la respuesta real y activa de estas medidas, depende la vida y sustentabilidad de millones de familias.

Nicolás Hernández aseguró que seguirán defendiendo sus bosques, por lo que cualquier persona que ingrese a talar árboles o destruir los ecosistemas será presentada a las autoridades.

DATOS ADICIONALES

La extensión del “Bosque de Agua”, se estima en 235 mil hectáreas e incluye no solo el parque Lagunas de Zempoala, decretado así desde 1936, también la sierra del Chihinautzin, el Ajusco, la Sierra de las Cruces, en las inmediaciones del Parque “Insurgente Miguel Hidalgo”, mejor conocido como La Marquesa, hasta el Tepotzteco y el Desierto de los Leones.

 

*Ma. Teresa Montaño, es periodista independiente,  fundadora de la plataforma The Observer, Periodismo y Verificador del Discurso Público e integrante de la red SafeBox Network de Forbidden Stories

martes, 16 de junio de 2020

Mujeres son discriminadas hasta en la muerte, hay subregistro de feminicidios

En 2015,  6.6 mujeres eran asesinadas en México; en 2020, el ritmo fatal es de 10.8 asesinatos de mujeres cada 24 horas






Luz María Estrada, representante del Observatorio Nacional del Feminicidio, aseguró que la discriminación de las mujeres mexicanas y la violencia que enfrentan, se da incluso en la muerte, cuando Ministerios Públicos y hasta gobernadores, se niegan a llevar una estadística apropiada de casos, sin contar que además de este manejo político, hay un “subregistro” de feminicidios y homicidios dolosos de mujeres, la otra pandemia invisibilizada en México.
Al participar en un foro virtual organizado por Consorcio Oaxaca, para abordar la otra pandemia feminicida que se vive en México, paralela a la de COVID-19, Estrada revelo que existe un escalamiento sostenido de las cifras de feminicidios en el país, ya que mientras en 2015 se registraron un promedio de 6.6 asesinatos de mujeres en México cada 24 horas, 2019 cerró con el promedio de 10.5 asesinatos diarios de mujeres o niñas.
También refirió que en 2018 se reportaron dos mil 580 asesinatos de mujeres en México, lo que representa 9.9 homicidios al día de este sector; toda vez que el número de mujeres asesinadas en 2019 fue de 3 mil 824 y en lo que va de este año, las cifras oficiales ya suman mil 297 asesinatos de mujeres, con un promedio diario –ahora-, de 10.8 asesinatos de mujeres cada 24 horas.
Dijo que se trata de otra pandemia en México, pero esta es invisibilizada y creciente.
Aseguró que se trata de un fenómeno que mantiene en “alerta máxima” el país y que no obstante sus niveles de pandemia, los feminicidios no está siendo abordados ni los instrumentos creados desde hace 30 años, están dando resultados, incluyendo las Alertas por Violencia de Género, implantadas ya en más de 20 estados de la República.
“… Sin embargo están ahí los mecanismos, protocolos de investigación del delito del feminicidio, pero las acciones se ven insuficientes frente a una realidad que no logramos disminuir los feminicidios en el país”, señaló.
La defensora de Derechos Humanos, aseguró ante representantes de otros colectivos y  comisiones de Derechos Humanos, que se están teniendo problemas para la implementación de las Alertas de Género, aunado a un persistente subregistro de cifras, que a su vez se traduce en una discriminación, cuando un caso de muerte violenta de una mujer o un feminicidio, no es adecuadamente registrado por las autoridades para “no verse mal” en las cifras.
Agregó que si todo fuera poco, también están las estructuras criminales y delincuencia organizada que explotan y desaparecen mujeres, todo en un contexto de violencia generalizada estructural y sistemática, dijo.
María de la Luz Estrada aseguró que México se encuentra bajo la sentencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos llamada “Campo algodonero”, la realidad es que en México continúan sin atenderse los altos grados de violencia feminicida en el país e incluso hay opacidad y subregistro de cifras, los asuntos no se resuelven y las Alertas de Género no están dando resultados.
Por su parte Irinea Buendía, madre de Mariana Luna, asesinada a los 18 años y cuyo caso el asesinó –su pareja-, intento pasar por suicidio, aseguró que no se está acatando a plenitud la sentencia que emitió la Suprema Corte de Justicia (SCJ) en este caso, para que todos los homicidios de mujeres comenzarán a investigarse bajo la perspectiva de feminicidio.
Señaló que por lo anterior y ante una ausencia de investigación, hay cientos, sino es que miles, de feminicidas libres en la calle.
Ma. Teresa Montaño

Mueren más por COVID-19 en Edomex, que en entidades con tasas de contagio similares


Fuente: CONACYT, SS, UNAM

*Incluso con tasas de contagio similares y más pobres, como Oaxaca


Por: Ma. Teresa Montaño

En el Estado de México, los índices de letalidad por la pandemia de COVID-19, superan los de entidades con niveles de incidencia similares a los de Edomex, pero donde por alguna razón logran sobrevivir con mayor frecuencia los pacientes que aquí, aunque el número de enfermos por cada 100 mil habitantes sea comparativamente el mismo.

Lo anterior significa que hay más probabilidad de que fallezcas en el Estado de México si enfermas de coronavirus, que si te contagias en Nuevo León, San Luis Potosí o Oaxaca, donde el número de personas que contraen el virus , es muy similar (por cada 100 mil habitantes), al de esta entidad.

Las bases de datos abiertas, mapas y estadísticas  elaboradas por CONACYT y la secretaria de salud, indican que los niveles de letalidad de la entidad mexiquense, es decir el número de personas que fallecen por cada 100 enfermos confirmados por la Secretaria de Salud (índice de letalidad), ubica al Estado de México en un punto intermedio entre las 32 entidades federativas.

Este índice de letalidad en el Estado de México es de 12, lo cual significa que de cada 100 personas que se contagian por COVID-19 en la entidad mexiquense, es seguro que doce van a fallecer de acuerdo a las tendencias estadísticas que se mostraban thasta la noche de este lunes, mientras que su nivel de incidencia “de casos activos” por cada 100 mil habitantes es de 16.9.

Fuente: CONACYT, SS, UNAM

Considerando lo anterior, la tasa de incidencia de Edomex no resulta tan significativa si se compara con la que presenta la de la Ciudad de México (CDMX) que es de 55 casos activos por cada 100 mil habitantes o la de Tabasco, la segunda más alta del país que es de 50.5 casos activos por cada 100 mil habitantes; o la de Baja California Sur, la cual es de 29.9 por cada 100 mil habitantes.

Otras incidencias altas a nivel nacional por coronavirus, son las que presentan Aguascalientes, con una tasa de 26.8 casos por cada 100 mil habitantes; Sinaloa, de 25.1 por cada 100 mil personas; Tlaxcala, de 23.5; Campeche de 22.5; Durango, de 20.5; Yucatán, de 20.3 casos casos activos por cada 100 mil habitantes y Nayarit, de 20 casos activos, por cada 100 mil habitantes.

Por otro lado, las tasas de incidencia similares a las de Edomex son: Nuevo León, con 17.2 casos activos por cada 100 mil habitantes, pero con una letalidad de solo 6 personas por cada 100 enfermos; San Luis Potosí, con 16.2 casos activos por cada 100 mil habitantes, pero con letalidad de cinco personas; Oaxaca, con 16.1 casos activos por cada 100 mil habitantes y con una letalidad de 11 fallecimientos por cada 100 enfermos.

También destaca el caso de Guanajuato con 16 casos activos por cada 100 mil habitantes, con  una letalidad de seis fallecimientos por cada 100 enfermos; y el de Jalisco, con una tasa de incidencia de 15.9 casos activos por cada 100 mil habitantes, pero con una letalidad de 8 pacientes que fallecen, por cada 100 que enferman, muy por abajo todos estos casos de los 12 pacientes que mueren en Edomex por cada 100 que enferman.

Es decir, en contraparte a todas estas entidades que se le asemejan al Estado de México en tasa de incidencia de casos activos por cada 100 mil habitantes y niveles de letalidad, en Edomex fallecen 12 personas  por cada 100 pacientes positivos y confirmados, mientras que la tasa de incidencia de “casos activos por 100 mil habitantes es de 16.9.

Cabe destacar que entre este grupo de entidades con niveles de incidencia similares a los de Edomex, el único que está peor es Hidalgo, el cual tiene un nivel de incidencia de casos activos por cada 100 mil habitantes de 16.3 y de letalidad de 16 por cada 100 casos confirmados, cuatro más que en el Estado de México.


lunes, 15 de junio de 2020

Buscarán auditar fondos asignados a Alertas por desaparición y feminicidio



La Comisión Especial para las Declaratorias de Alerta de violencia de género contra las mujeres por Feminicidio y Desaparición, buscará que los órganos de control auditen los 185 millones de pesos  asignados este año, a mitigar las Alertas de Género vigentes en Edomex, por feminicidos y desaparición de mujeres, en 11 y 7 municipios, respectivamente.

De estos recursos, cien millones de pesos fueron destinados a acciones contra el feminicidio y 85 millones de pesos para la alerta por desaparición, de los cuáles 70 millones son para dependencias estatales.


Para la Comisión de Búsqueda de Personas del Estado de México (COBUPEM)  se asignaron un total de 36.4 millones de pesos, a fin de destinarlos a ls búsqueda; bienes, equipos de radiocomunicación y geolocalizació, detectores, remolques, equipos de comunicación, dron, georadar, equipo forense, prismáticos de visión nocturna, chalecos salvavidas, mientras que para la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas, se asignaron, 33.5 millones de pesos.


“Todo este tema de los recursos de la alerta se ha pedido ya de manera puntual al OSFEM que esté revisando cómo se están utilizando los recursos no solo de manera estatal sino en los municipios”, sostuvo la presidenta de la comisión especial, Karina Labastida.
 

Las acciones de las autoridades encargadas de atender la desaparición de personas, deben enfocarse al fortalecimiento institucional, medidas de atención y asistencia a víctimas, adquisición de suministros necesarios para atender las emergencia y material especializado para la realización de pruebas de identificación de personas desaparecidas, capacitación especializada, datos y construcción de conocimientos.

La legisladora informó adicionalmente que se formó un comité para poder estar verificando los recursos de los municipios, integrado por la Secretaria de Justicia y Derechos Humanos, Comisión de Búsqueda, Fiscalía de Justicia, Comisión de Atención a Víctimas y por un represente de cada municipio alertado, que integran las titulares de los Institutos de la Mujer.


“Estuvimos en reuniones virtuales donde cada municipio presentó sus proyectos para asignar los recursos, ya todos cumplieron a cabalidad para presentar su proyecto y utilizar los recursos”, detalló Labastida.


La presidenta de la Comisión Especial informó que de acuerdo con la Secretaría de Justicia y Derechos Humanos en el transcurso de esta semana se estarían realizando los procesos de adquisición por parte de los Ayuntamientos para atender las alertas.

domingo, 24 de mayo de 2020

Guadalupe Buendía "La Loba", se contagia de COVID19 en cárcel y muere

Guadalupe Buendía Torres, alias "La Loba", murió en un hospital privado de Toluca la madrugada de este domingo tras contagiarse de COVID19 en el penal Santiaguito de Almoloya de Juárez, donde compurgaba diversas sentencias por delitos relacionados con homicidio y fraccionamiento de tierras, derivados de los disturbios violentos ocurridos a principios del gobierno de Arturo Montiel Rojas, en la década pasada, cuando se enfrentó con grupos antagónicos encabezados por Antorcha Popular en el municipio de Chimalhuacán.
 El deceso de quien fuera considerada una de las principales caciques del oriente del Estado hace dos décadas, fue informado por la Secretaría de Seguridad (SS). 
La dependencia emitió un comunicado en el cual indica que: "la noche del pasado 15 de Mayo, María Guadalupe Buendía Torres, Persona Privada de la Libertad (PPL) en el Centro Penitenciario y de Reinserción Social de Almoloya de Juárez, fue trasladada a un hospital privado en la capital mexiquense por presentar síntomas de diversos padecimientos clínicos y una preexistencia de diabetes tipo B".
La Loba habría permanecido hospitalizada una semana completa y fallecido la madrugada de este domingo, según el escueto comunicado del gobierno mexiquense.
El comunicado oficial indica que los reporte clínicos del nosocomio habría dado positivo a las pruebas de COVID-19, para Buendía Torres
"Según consta por la parte médica, la madrugada de hoy (domingo), Buendía Torres sufrió un paro respiratorio que terminó con su vida", señala el informe emitido por la Secretaría de Seguridad.
El comunicado asegura que la secretaria de seguridad, responsable de los centros penitenciarios en el Estado de México, "continúa con la aplicación de los protocolos sanitarios y de seguridad, acordados por la Subsecretaría de Control Penitenciario desde el mes de marzo".
También se indicó que las actividades en el penal de Santiaguito se desarrollan con normalidad aplicando los protocolos sanitarios correspondientes.
Buendía Torres, protagonizó uno de los capítulos más violentos en el gobierno de Arturo Montiel Rojas, luego de encabezar violentos enfrentamientos contra seguidores de Antorcha Popular en agosto del 2000, lo que habría dejado más de 50 lesionados y 10 muertos. Tras estos hechos, La Loba se dio a la fuga y terminó escondiéndose, junto con su esposo en una comunidad de Zinacantepec.
Al final prácticamente toda su familia, incluidos sus hijos y esposo, además de hijas, terminarían en la cárcel acusados de delitos relacionados con el fraccionamiento y venta irregular de terrenos en Chimalhuacán, donde se disputaban el control social y político, junto con la organización priísta Antorcha Popular, que encabezaba como ahora, Jesús Tolentino, actual alcalde de Chimalhuacán junto con su esposa Marisela Serrano, alcaldesa de Ixtapaluca, ambos del PRI.


martes, 6 de diciembre de 2016

Adriana Albrech, caso de corrupción judicial en Edomex (Nota de Consulta 2016)

Con un pie en libertad: Adriana Albrecht podría abandonar la cárcel de Valle de Bravo, dudoso juicio que implica a jueces del Edomex.

Adriana Albrecht Figueroa, sentenciada por jueces mexiquenses a varios años de prisión tras acusar a su esposo, un poderoso empresario de la industria eronáutica, de abusar de su pequeña hija, podría quedar en libertad por órdenes de la Suprema Corte de Justicia, hasta donde llegó el juicio.  
Esta es parte de su caso, que de prosperar, podría poner de relieve la forma en que opera la justicia en el Estado de México.
La promoción de un amparo directo está por resolverse en las próximas horas y el proyecto, publicado ya desde este martes, propone su liberación inmediata.

Reporte Original de Libertarium publicado en julio del 2015 y retirado del blog durante algunas semanas por presiones de abogados de Javier Ortega Olive.

La historia de Adriana Albrecht Figueroa, recluida desde el 2013 en un penal estatal, podría muy bien ejemplificar cómo opera la justicia en el estado de México, donde tras denunciar a su esposo de actos libinidosos en contra del padre de su hija, a los pocos meses fue detenida y encarcelada con las mismas pruebas que utilizó para intentar protegerla.
Ahora no solo está en la cárcel sino que podría perder la patria potestad  y custodia de la menor para siempre, como resultado, todo parece indicar, de una red de influencias con poder económico utilizada por el padre para someter a procuradores, ministerios públicos, jueces y magistrados, como dueño de la más importante empresa de "taxis privados" que opera en el aeropuerto de la ciudad deToluca: "Aerolíneas Ejecutivas SA de CV".
En un hecho extraño en que la justicia da volteretas, Adriana entrevistó y videograbo a su hija, de entonces tres años de edad, para que le platicara las formas en que su papá la tocaba, a fin de probar el delito de actos libinidosos y la posibilidad de un probable caso de pederastia.

El video de orden privado fue entregado a la procuraduría general de justicia del estado de México, como prueba en contra del  empresario, no obstante la prueba fue desestimada y el 18 de abril del 2011, el Ministerio Público con sede en Valle de Bravo, determinó el “no ejercicio de la acción penal”  y lo dejó libre.

Ante esta determinación ministerial, la defensa de Adriana logró un "amparo para efectos" que le otorgó un juez federal, a fin de que el Ministerio Público responsable se “abstuviera de valorar” las pruebas que presentaba el “acusado” en los términos que lo hacía, es decir favoreciéndolo ampliamente y tomara en consideración las de la defensa.

En respuesta la Procuraduría General de Justicia del Estado de México (PGJEM) dio cumplimiento a ese amparo, citando a Adriana y preguntándole  si tenía más pruebas que aportar, pero sin otorgarle tiempo a la defensa  para hacerlo, por lo que finalmente  ratifica el no ejercicio de la acción penal a favor del empresario y lo deja libre.

En este lapso el Ministerio Público "ordenó" un peritaje en psicología que sorprendentemente favoreció al empresario, además de que Adriana recibió una llamada de la procuraduría general de justicia de la entidad, advirtiéndole que el caso se "estaba cerrado".
Pero la pesadilla, apenas empezaba. Al librar la prisión, el empresario solicita copias del expediente y utilizando las videograbaciones usadas en su contra, presentó cargos contra su esposa por el delito contemplado en el artículo 204 del Código Penal que protege a “los menores de edad y quienes no tienen la capacidad para comprender el significado del hecho”, bajo el argumento de que ella abuso de su hija al videograbarla y fue ella y no él, quien la utilizó en actos eróticos.
De esta forma el 19 de noviembre del 2012 un juez estatal libra la orden de aprehensión contra Adriana, es detenida el 18 de agosto del 2013 y juzgada bajo la causa 07/2013 por el Jugado Mixto de Primera Instancia de Valle de Bravo y, desde entonces se encuentra presa en el penal de demarcación.
De esta forma los videos con los cuales pretendía proteger a su hija que actualmente cuenta con 7 años de edad y no ha logrado ver desde entonces, se han convertido en la principal prueba en su contra, pues fue sentenciada el 5 de febrero de este año a 5 años y 3 meses de prisión.

Entrevistado en la ciudad e Toluca, su abogado, Erick Garay, aseguró que con solo 5 años hubiera logrado alcanzar beneficios de preliberación y seguramente ya hubiera dejado la cárcel, pero los tres meses que le adicionó el juez son los justos que le impiden ese beneficio.

INCONSISTENCIAS

De acuerdo al abogado Erick Garay, durante el proceso de Adriana se aportaron pruebas que  no fueron tomadas en cuenta, ya que el punto a discusión se centró en la posibilidad de que ella hubiese manipulado a la niña durante la videograbación.

En este caso dos peritos expertos en psicología dieron su dictamen a favor de Adriana, señalando que la menor aparece hablando de forma espontánea y natural; mientras que el empresario, ofreció como prueba en contra, los peritajes y opiniones que le dieron la libertad en el primer caso y que curiosamente surgen del Ministerio Público de Valle de Bravo.
Ante la diversidad de opiniones, el Tribunal Superior de Justicia del Estado de México determinó presentar un “perito en discordia” el cual confirmó en su dictamen que la niña había hablado espontáneamente y no había sido manipulada. 

Este dictamen sin embargo fue desechado y finalmente el Juzgado Mixto Penal de Primera Instancia que llevó el caso, la declaró culpable. La juez argumento que el único peritaje con valor probatorio para ella, era el elaborado por el Ministerio Público, el cual no hizo una sola entrevista personal a Adriana Albrecht en la cárcel, para estudiar y asegurar lo que dice: "que ella indujo a su hija".

La sentencia fue apelada y los magistrados estatales la confirmaron en una suerte de criterios coincidentemente exactos entre una instancia y otra de la justicia mexiquense.
Por otra parte Adriana fue procesada y juzgada bajo el anterior sistema inquisitorio (tendiente a desaparecer), no obstante que el sistema de justicia penal entregó en vigor en Valle de Bravo el primero de octubre de 2011, mientras que la primer denuncia contra ella se presentó el 19 de diciembre 2012, actos reclamados por la defensa que tampoco fueron tomados en cuenta, lo mismo que argumentos vertidos contra la violación a los Derechos Humanos de la niña, debido a que los videos fueron filtrados por la procuraduría general de justicia de la entidad a diversas instancias y funcionarios del gobierno estatal y abogados.

Paralelamente, Adriana ha tenido que enfrentar otro juicio por la vía civil, ya que su esposo busca que se le declare con “incapacidad mental y peligrosa para su hija” y en semanas previas solicitó el trámite judicial necesario para obtener el pasaporte de la menor y al parecer sacarla del país.

Actualmente se encuentra en trámite otro amparo ante un juez federal, en contra de la sentencia condenatoria dictada a Adriana Albrecht, mientras que la niña se encuentra bajo la custodia de su padre, quien le impide verla lo mismo a su familia.

En una rápida plática vía telefónica, Adriana confirmó que no ha visto a su hija desde que fue detenida y que su principal temor es que el empresario logre sacarla del país, ya que no solo cuenta con el poder económico y la influencia política para hacerlo, sino con toda una flota de aeronaves a su servicio,

Pero su mayor temor es el daño que enfrenta su hija, cuyo nombre es reservado, ya que Ortega Olive es actualmente un hombre de 68 años de edad, vive solo con ella y no permite verla a ninguno de sus familiares, quienes han intentado por diversos medios obtener permisos de las autoridades mexiquenses para constatar la situación de la niña.

QUIEN ES ORTEGA OLIVE

Arturo Javier Ortega Olive, es un hombre no solo multimillonario, también poderoso, con una indiscutible influencia política y económica en el país pero particularmente en el Estado de México donde concentra su negocios.

Es el principal accionista de la firma de taxis aéreos preferida por empresarios y personajes de la clase política mexiquense, y cuyas principales operaciones se concentran en el Aeropuerto Internacional de Toluca, donde ocupa el Hangar Número 9.

La firma aérea “Aerolíneas Ejecutivas SA de CV”, no solo renta aeronaves privadas a políticos y empresarios, también se ha visto envuelta en escándalos diversos, como cuando Josefina Vázquez Mota, fue acusada, como candidata a la presidencia de la República, de volar en un taxi aéreo que formaba parte de la flotilla de la empresa, pero cuya propiedad se atribuía al narcotraficante Francisco “Poncho” Colorado Cessa, acusado en Estados Unidos de lavar dinero a favor del grupo criminal “los Zetas”.

Apenas el pasado mes de mayo, la empresa presentó sus nuevos seis jets privados, Bombardier Learjet 75, que puso en operación de inmediato como parte de un servicio de “excelencia” para sus clientes más exclusivos.

Esta firma también brinda servicios a políticos durante campañas electorales, aunque el 80% de sus vuelos son para atender “negocios” de empresarios que contratan sus servicios hasta en unos 20 mil pesos si se trata, por ejemplo, de un vuelo internacional a Estados Unidos.

La empresa con al menos 30 aeronaves es al mismo tiempo representante de las marcas Bombardier, Beechfraf y HondaJet en México.
Además de lo anterior, Ortega Olive es dueño de la empresa "Marke SA de CV", la más importante comercializadora por internet del país; así como socio de la firma "Princes", constructura de barcos en Europa.

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