Sheinbaum mantiene “censo” de personas desaparecidas y elude diálogo con buscadoras

*A un mes de llegar al poder, la presidenta no ha presentado un plan para enfrentar la crisis de desapariciones y de cuerpos sin identificar, y no ha respondido a las familias buscadoras que le han solicitado reunirse. Se ha limitado a afirmar que dará “seguimiento” a la metodología de búsqueda diseñada en la Ciudad de México y fortalecerá la Comisión Nacional de Búsqueda.

Por Carlos Manuel Juárez para A dónde van los desaparecidos

A un mes de que asumió la presidencia, Claudia Sheinbaum no ha presentado un plan para enfrentar la crisis de desapariciones ni ha recibido a las familias de las víctimas que han solicitado un diálogo para acordar una política de búsqueda y atender la crisis forense en cada región de México.

“Instamos, respetuosamente, a la Dra. Claudia Sheinbaum a emitir un posicionamiento oficial en torno a la agenda de desaparición y víctimas”, pidieron los 86 colectivos que integran el Movimiento por Nuestros Desaparecidos en México (MNDM) en un comunicado emitido el 30 de agosto.

Si, como ha afirmado la presidenta, “solo lo que se nombra existe”, durante cuatro semanas evitó referirse a esta tragedia que suma más de 117,000 víctimas. El pasado 29 de octubre aseguró en su conferencia mañanera que su gobierno dará “seguimiento” a la metodología de búsqueda diseñada en la Ciudad de México que, tras adoptarse en todo el país durante el mandato de López Obrador, se convirtió en la Estrategia Nacional de Búsqueda Generalizada.

“Esta metodología la vamos a seguir, pero, además, vamos a reforzar la Comisión [Nacional] de Búsqueda y también el contacto con distintas organizaciones de madres buscadoras [...] para que podamos entrar en contacto [...] y que, a través de las fiscalías estatales, de la fiscalía general y de la propia comisión de búsqueda, debemos apoyarles”, dijo Sheinbaum sin plantear ninguna acción concreta, a pesar de la constante exigencia de los colectivos de víctimas para conocer su propuesta.

El 2 de octubre, las buscadoras reunidas en la Glorieta de las y los Desaparecidos reclamaron que en los 100 compromisos que la presidenta estableció en el Zócalo capitalino al recibir el bastón de mando de los pueblos indígenas no se mencionara a las decenas de miles de personas desaparecidas. “Mientras nuestro corazón lata, nosotras, como desde hace décadas, seguiremos gritando sus nombres. ¡Hasta encontrarles!”, escribieron en un mensaje publicado en su cuenta de X.

Las buscadoras recordaron que, en sus 100 compromisos, la presidenta no mencionó a las víctimas de desaparición. (@GlorietaMX)

Para Grace Fernández, representante del MNDM, quien busca a su hermano Dan Jeremeel, desaparecido en Coahuila en 2008, los colectivos pasaron “muy rápido” de la expectativa por la elección de Sheinbaum a la preocupación por no estar incluidos en su discurso.

“No sabemos cómo trabaja; entonces, lo que te queda es comparar, y la comparación inmediata es con alguien que ella admira, con quien trabajó, que es López Obrador, y hay que reconocer que cuando él era presidente electo ya había designado a Alejandro Encinas [subsecretario de Derechos Humanos] como el interlocutor [de los colectivos], las familias ya nos habíamos sentado con Olga Sánchez Cordero [titular de la Secretaría de Gobernación] para construir un plan juntos. Ahora no tenemos idea de quiénes van a ser nuestros interlocutores, ni tampoco hemos tenido [diálogo] con absolutamente nadie del gabinete”, afirmó.

En su comunicado, el MNDM invitó a Sheinbaum a una reunión, junto con miembros de su gabinete, para construir juntos “una agenda de prioridades en los ejes de búsqueda, identificación, justicia y protección” que incluya, como primer punto, una política de Estado para la búsqueda e identificación acorde con las recomendaciones emitidas por el Comité contra la Desaparición Forzada de la ONU en 2022 y 2023.

El movimiento plantea también la necesidad de destinar “presupuesto suficiente” a todas las instancias involucradas en la búsqueda de personas desaparecidas, y la creación de una estrategia nacional de identificación que facilite la coordinación entre fiscalías y comisiones de búsqueda.

Sobre la designación de cargos en las comisiones de búsqueda, el MNDM pide establecer mecanismos que permitan la participación de las familias y la selección de los perfiles idóneos; requiere, además, garantizar la protección de las personas buscadoras e investigar de manera “efectiva” los ataques en su contra. 

Ausencia en el discurso

Sheinbaum preside un país con 117,138 víctimas de desaparición, según el Registro Nacional de Personas Desaparecidas y No Localizadas (RNPDNO); el 45% corresponden al sexenio de su antecesor, Andrés Manuel López Obrador. En promedio, desapareció una persona cada hora del 1 de diciembre de 2018 al 30 de septiembre de 2024. 

Durante los primeros treinta días de la presidencia de Sheinbaum se reportaron 1,120 personas desaparecidas; Ciudad de México y Sinaloa son los estados con mayor número de casos en este periodo, según el RNPDNO. 

A esta tragedia se suman los más de 72,100 cuerpos sin identificar que ingresaron a los Servicios Médicos Forenses (Semefos) de 2006 a 2023, el 48% durante la presidencia de López Obrador. Su gobierno incumplió la promesa de impulsar una política de Estado que convirtiera en prioridad “número uno” la búsqueda de personas desaparecidas. 

Los instrumentos creados para atender la crisis forense, el Centro Nacional de Identificación Humana y el Mecanismo Extraordinario de Identificación Forense, fueron desmantelados antes de que terminara el sexenio. Esto significó que la Comisión Nacional de Búsqueda (CNB) regresara las tareas de identificación a las fiscalías, lo que fue considerado por los colectivos como un retroceso.

Durante el mitin por su último informe de gobierno, el expresidente Andrés Manuel López Obrador ignoró a las familias de personas desaparecidas que hicieron un plantón en el Zócalo. (ObturadorMX)

El 1 de octubre, la presidenta no dedicó, ni en el Congreso ni en el Zócalo, una línea a las miles de familias de personas desaparecidas, salvo para refrendar el compromiso de continuar con la investigación del caso Ayotzinapa. La morenista evadió también abordar el tema de la violencia y defendió la integración de la Guardia Nacional a la Secretaría de la Defensa Nacional.

Siete días después, el secretario de Seguridad y Protección Ciudadana, Omar García Harfuch, presentó la Estrategia Nacional de Seguridad, centrada en la atención a las causas, el fortalecimiento de las áreas de inteligencia e investigación, la consolidación de la Guardia Nacional, y la coordinación entre las instituciones. No se mencionaron las desapariciones, a pesar de los señalamientos de organismos como el Comité contra la Desaparición Forzada de la ONU sobre la gravedad de esta problemática. 

En un país como México, donde las desapariciones son generalizadas, es necesario aplicar una metodología de análisis de contexto que permita identificar “las estructuras, redes de vínculos y patrones conductuales” que facilitan este delito, a fin de diseñar estrategias de búsqueda que prioricen la localización con vida de las personas, señala el coordinador de Derechos Humanos de la organización Fundar, Humberto Francisco Guerrero Rosales, en el texto La invisibilizada crisis de desapariciones.

“A reserva de que posteriormente se genere una estrategia específica para afrontar la crisis de desapariciones, que considere el entramado político, criminal y económico que las propicia, las primeras señales del nuevo gobierno no son alentadoras respecto de un viraje de la situación a corto o mediano plazo”, concluye el especialista.

La evasión 

Sheinbaum no ha sido una política cercana a la tragedia de las desapariciones. Cuando era jefa de Gobierno de la Ciudad de México (GCDMX) eludió reconocer el aumento de casos durante su mandato. De 2006 a 2018, se reportaron en promedio 74 desapariciones por año; en su gestión, los casos se dispararon a un promedio anual de 926 entre 2019 y mayo de 2023. 

Su administración obstruyó la propuesta de convertir en un espacio de memoria la Glorieta del Ahuehuete sobre la avenida Paseo de la Reforma; ante la falta de respuesta del GCDMX, las familias decidieron renombrar el lugar como Glorieta de las y los Desaparecidos. 

Ya como candidata a la presidencia, Sheinbaum no se dirigió a las madres buscadoras. Únicamente aseguró que tuvo una reunión con colectivos de Chihuahua, sin dar más detalles.

En su proyecto de nación, 100 pasos para la Transformación, abordó el problema de las desapariciones en el punto 97: “Mediante la coordinación entre autoridades de distintos niveles vamos a continuar y a darle seguimiento a los protocolos de búsqueda de personas desaparecidas”. Pero durante su campaña la candidata de la coalición Sigamos Haciendo Historia no hizo planteamientos concretos sobre cómo enfrentar las crisis de desapariciones y forense. 

El pasado marzo, durante una visita a Tamaulipas, aseguró que su gobierno desarrollará un sistema de búsqueda que permita hacer cruces de datos con la información de las fiscalías estatales. Al preguntarle si planeaba reunirse con las madres buscadoras, dijo: “Es mejor hacer propuestas que criticar, y yo creo que hacia allá hay que avanzar, y por eso hay que seguir, hay que atender las causas, hay que disminuir el delito de desaparición y hay que atender a las víctimas”. 

Días después, en Gómez Palacio, Durango, la candidata afirmó, con relación a las desapariciones en la Ciudad de México: “Se decía que había cerca de 30,000 desaparecidos, […] y yo siempre dije como jefa de Gobierno: si esto fuera una realidad, pues sería un movimiento de 30,000 personas con sus familias”. 

Luego se refirió a la falta de actualización de las bases de datos: “Puede ser una persona que decidió voluntariamente separarse de su casa, se presenta la denuncia en la fiscalía, después aparece y no se regresa a la fiscalía, o sencillamente no quiso regresar a su casa, que sería el caso de no localizado o personas desaparecidas por la delincuencia organizada”.

El pasado 3 de octubre, Sheinbaum abordó el tema de la crisis forense: “Lo estamos trabajando. Ernestina [Godoy, consejera jurídica de la Presidencia] tiene mucha experiencia en esto; cuando estuvimos en el gobierno de la ciudad, y ella fue fiscal general de justicia, hizo un banco de ADN certificado muy importante. Estamos trabajando en ello y también algunas adecuaciones jurídicas que nos permitan avanzar más rápido en la identificación”. 

Godoy fue una de las responsables de implementar el censo de personas desaparecidas a su paso por la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México. 

Después de que Sheinbaum informó a López Obrador cómo habían disminuido las cifras de personas desaparecidas en la capital tras cruzar los reportes de desaparición con los registros administrativos, e implementar búsquedas casa por casa y vía telefónica, el presidente pidió a Rosa Icela Rodríguez, entonces secretaria de Seguridad y Protección Ciudadana y hoy titular de Gobernación, que se replicara a nivel nacional el modelo.

El llamado “censo” de López Obrador fue rechazado por colectivos y generó numerosas quejas debido a la opacidad en su metodología, a que las visitas eran realizadas por servidores de la nación y personal no capacitado para las búsquedas, y a cientos de errores que revictimizaron a las familias.

                                    

Madres y padres de personas desaparecidas en la CDMX protestaron durante la marcha por los normalistas de Ayotzinapa, días antes de que Sheinbaum asumiera el cargo. (Santiago Reyes/ObturadorMX)

Llamados no escuchados

Ceci Patricia Flores Armenta, líder de Madres Buscadoras de Sonora, hizo el primer llamado público a Sheinbaum para encontrarse con colectivos. “Espero que por ser mujer tenga más sensibilidad, que entienda el dolor de una madre que sufre por no encontrar a sus hijos”. Sin embargo, la candidata no respondió a su propuesta.

El pasado 30 de agosto, Día Internacional de las Víctimas de Desaparición Forzada, Diana Gutiérrez, del colectivo Buscándote con Amor, pidió a la presidenta, en un acto realizado en el Ángel de la Independencia, “sensibilidad y claridad sobre quiénes serán las personas interlocutoras en la agenda de derechos humanos y desaparición para el siguiente sexenio”.

En 2024, Graciela Pérez Rodríguez cumplió 12 años de buscar a su hija Milynali; sus sobrinos Aldo, Arturo y  Alexis, y su hermano Ignacio en Tamaulipas. Una de las claves para la buscadora es mantener la lucha a nivel local.

“Mirar al Gobierno federal es volver a sentarse a escuchar la misma historia por lo menos de hace seis años. Yo tengo tres sexenios, con Calderón, Peña Nieto, AMLO, y ahora este de Claudia que está iniciando, pues realmente es verdaderamente cansado darse cuenta de que la retórica es la misma”.

La University Network for Human Rights (UNHR) y la organización Fundar publicaron el 2 de octubre el informe Las desapariciones en México. Impunidad activa y obstáculos en materia de justicia y búsqueda. En el documento recomiendan la creación de un “mecanismo híbrido de justicia” en materia de desapariciones. Un mecanismo internacional, en colaboración con autoridades nacionales, consideran, podría tener una mayor legitimidad debido a que las instituciones de justicia del país “no cuentan con el respaldo y la confianza” de la sociedad y de las víctimas. 

“Este mecanismo híbrido ofrece una clara alternativa para alcanzar justicia por parte de miles de víctimas y familias en México. Sin este, la justicia y verdad de estas personas se encuentra subordinada a poderes de facto, como el poder político, la delincuencia organizada y las Fuerzas Armadas en México”, señaló la asesora senior de UNHR, Sofía Galván.

Para el politólogo y comisionado del Mecanismo para el Esclarecimiento Histórico (MEH), Carlos Pérez Ricart, el Gobierno federal no ha enfrentado los incumplimientos en memoria y justicia que tiene con las familias de personas desaparecidas, a lo que se agrega que “el personal que está hoy en la Comisión Nacional de Búsqueda no está capacitado”. 

La falta de experiencia de su titular, Teresa Guadalupe Reyes Sahagún, en los temas de desaparición y búsqueda, y la falta de transparencia en el proceso de su designación ha sido cuestionada por colectivos y organismos. 

Sheinbaum, a diferencia de su antecesor López Obrador, nunca prometió atender la crisis de personas desaparecidas por agentes del Estado o integrantes de grupos delictivos. AMLO, como presidente electo, se reunió con familias y colectivos de búsqueda en dos ocasiones y luego nunca más cruzó palabra con quienes buscan a sus familiares en territorio nacional, a excepción de los padres y madres de los normalistas de Ayotzinapa.

Cuando se le preguntaba sobre posibles encuentros, el exmandatario afirmaba que las madres buscadoras eran atendidas por el entonces subsecretario de Derechos Humanos Alejandro Encinas. Aseguró también que hablaba con ellas en sus giras, y que no se reuniría porque el tema era utilizado para “politiquería y publicidad”.

En las primeras semanas de su administración, la presidenta ha dialogado con empresarias y empresarios de México y Estados Unidos para explicar reformas legales y oportunidades de inversión. Una actitud contraria a la que mantiene con los familiares que buscan que sea atendida la crisis humanitaria de la desaparición de personas en México, heredada por López Obrador e ignorada hasta ahora por Sheinbaum.

Foto de portada: Familiares de personas desaparecidas protestaron, el 5 de junio de 2022, frente a la entonces jefa de gobierno Claudia Sheinbaum, cuando se plantó el ahuehuete en el lugar que después fue renombrado como Glorieta de las y los Desaparecidos. (Paola Macedo/ObturadorMX)

www.adondevanlosdesaparecidos.org es un sitio de investigación y memoria sobre las lógicas de la desaparición en México. Este material puede ser libremente reproducido, siempre y cuando se respete el crédito de la persona autora y de A dónde van los desaparecidos (@DesaparecerEnMx).

BIO CARLOS MANUEL

Carlos Manuel Juárez es reportero. Ha publicado crónicas y reportajes sobre víctimas y victimarios de las guerra contra el narcotráfico. Acompaña a familias que buscan a sus desaparecidos en el territorio tamaulipeco. Director de Elefante Blanco https://elefanteblanco.mx/

Gobierno de la 4T en Edomex, combatirá la transparencia en tribunales, gracias al PRI y Morena

 *Morena y PRI le proveen de recurso legal que involucra al Poder Judicial –jueces- para combatir resoluciones del INFOEM, lo que impactará a los ciudadanos de a pie para accder a la información pública del gobierno y sus estructuras

La Consejería Jurídica instituida por el gobierno de Delfina Gómez en el Estado de México, combatirá las resoluciones del Instituto de Transparencia, Acceso a la Información Pública y Protección de Datos Personales (INFOEM), mediante una reforma a modo que propuso el PRI y fue aprobada el pasado 23 de abril por el Congreso Local, incluido Morena.

Con esta resolución y el proyecto, se evidencia la colusión legislativa entre el PRI y Morena en el Estado de México.

Con el nuevo recurso aprobado se favorecerá la opacida, ya que la administración de Delfina Gómez no solo podrá evadir la transparencia, también involucrar al Poder Judicial del Edomex con jueces y estructuras que hasta entonces se habían mantenido al margen de estos proceso, convirtiendo inalcanzable así la transparencia para ciudadanos de a pie y periodistas.

Con esta resolución el gobierno de Delfina Gómez, que se ha caracterizado por una mayor opacidad y retroceso en la transparencia (aunque en el discurso desde su arribó asegura continuamente lo contrario), será mucho más difícil tener acceso a información pública, de por sí ya difícil ante el retroceso y mutilación de datos públicos en las plataformas públicas desde que arribó al poder la texcocana.

El Congreso Local mediante un comunicado escueto confirmó lo anterior, asegurando que la Consejería ya contará con facultades para impugnar las resoluciones del INFOEM, bajo el argumento de que alguna resolución ponga en riesgo el “interés público y la seguridad de las instituciones”.

Señala:

“Con el voto a favor de la mayoría de los ayuntamientos, la Diputación Permanente del Congreso local, presidida por el diputado Jesús Gerardo Izquierdo Rojas (PRI), declaró la aprobación de reformas a la Constitución Política y a la Ley Orgánica de la Administración Pública, ambas estatales, para armonizar el texto referente a la Consejería Jurídica, que sustituyó a la Secretaría de Justicia y Derechos Humanos en el gobierno estatal.

Las reformas, impulsadas por el diputado Jesús Isidro Moreno Mercado (PRI) y aprobadas el pasado 23 de abril (con mayoría de Morena), indican que, en el caso de las resoluciones del Instituto de Transparencia, Acceso a la Información Pública y Protección de Datos Personales del Estado de México y Municipios, la Consejería “podrá interponer recurso de revisión ante el Tribunal Superior de Justicia en términos de las disposiciones aplicables, siempre y cuando las resoluciones pongan en peligro el interés público y la seguridad de las instituciones”.

Lo anterior indica que la medida que impactará la transparencia y el acceso a la información, a pesar de que Delfina Gómez ofreció combatir la corrupción con mayor transparencia, no combatiéndola.

Por otra parte al involucrar mediante esta medida al Poder Judicial del Estado de México (PJEM), con anuencia de la bancada Morenista, el acceso a la información implicará técnicamente abrir juicios e involucrar jueces, no solo encareciendo y haciendo más problemático el acceso a la información que debería ser pública. La medida hará de facto más inalcanzable este derecho humano violentando los principios que dieron vida a este instrumento.

Combatir corrupción con opacidad, desaparecerán INAI; albazo legislativo de Morena

 

Con un albazo de fin de semana, legisladores de Morena aprobaron el decreto para eliminar un total de siete organismos autónomos, de los cuales el de mayor impacto a la población, por sus efectos en la democracia y combate a la corrupción –real- será el del INAI, pero también el del CONEVAL, que da luces sobre la efectividad o no de los programas sociales y mide su impacto de forma real.

No obstante la oferta de terminar con la corrupción y combatirla –lo cual no ha ocurrido sino que se ha profundizado-, finalmente se aprobó la desaparición de ambos organismos, de un total de siete.

Los otros son: Comisión Federal de Competencia Económica (COFECE); responsable de promover la competencia y evitar prácticas monopólicas; el Instituto Federal de Telecomunicaciones (IFT), responsable de regular las telecomunicaciones y la radiodifusión, así como el Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales (INAI)

Se informó que las funciones del organismo serán transferidas a la Secretaría de la Función Pública y a los órganos de control del poder Legislativo y Judicial; mientras que lo concerniente a partidos políticos quedaría a cargo del Instituto Nacional Electoral (INE).

También desaparecerán la Comisión Reguladora de Energía (CRE); la Comisión Nacional de Hidrocarburos (CNH), responsable de la exploración y extracción de hidrocarburos y la Comisión Nacional para la Mejora Continua de la Educación (MEJOREDU); además de CONEVAL.

El gobierno de López Obrador justificó que la desaparición de estos organismos representara ahorros de más de 32 mil millones de pesos y que sus funciones serán absorbidas por otras instancias gubernamentales.

Las reformas se aprobaron con la mayoría de Morena en la Cámara de Diputados federal.

Cabe señalar que el CONEVAL, que también se pretende desaparecer, es un organismo público descentralizado con autonomía y capacidad técnica para generar información objetiva sobre la situación de la política social y la medición de la pobreza en México, lo que permite mejorar la toma de decisiones en la materia.

Sus funciones serían absorbidas por el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI).

El INAI por su parte ha sido el único y ás efectivo mecanismo para que cualquier ciudadano pueda acceder a información pública del gobierno federal y de los estados, además de haber permitido obtener información clave para destapar auténticos escándalos de corrupción y abusos de poder por parte de periodistas, tanto de medios nacionales, como locales, independientes o no.

El INAI ha permitido a ciudadanos, activistas y periodistas acceder  incluso a información que no se conocia en casos históricos (como la llamada "guerra sucia", la masacre del 68, el caso Ayotzinapa; sueldos de presidentes, magistrados y sobre altos funcionarios y políticos en el gobierno; casos de nepotismo y trayectorias de funcionarios -corruptos y no corruptos-, etcetétera.

La transparencia es una herramienta que en cualquier nación democrática está abierta a los ciudadanos y organizaciones civiles.

Desaparecen lagunas de Zempoala, corrupción ante tala ilegal la causa

 

Por: Ma. Teresa Montaño

Al menos seis mil hectáreas de bosques de oyamel han desaparecido por completo en las inmediaciones de las Lagunas de Zempoala, donde el saqueo ilegal de madera, autoridades omisas, megaobras inmobiliarias ligadas al gobierno de Alfredo del Mazo Maza,  autopistas y el cambio climático, se han combinado hasta consumir por completo tres de sus embalses.

Al inicio de esta primavera las lagunas Coyotongo y Petronilos, desaparecieron;  Atescapa agoniza y la Compila se ha secado este año.

Para el investigador Víctor Ávila Akerberg, del  Instituto de Ciencias Agropecuarias y Rurales (ICAR) y quien lleva 20 años monitoreando el Bosque de Agua, la causa del desastre se encuentra detrás de diversos factores atribuibles a alteraciones climáticas mundiales y locales -inducidas por la tala y el urbanismo-, pero también a omisiones y negligencia de autoridades estatales y federales para detener la tala ilegal.

Pero para Nicolás Hernández Alberto, uno de los comuneros ambientalistas que heredó junto con otro puñado de campesinos,  la lucha que encabezó hace 20 años el emblemático ambientalista Idelfonso Zamora,  la razón es solo una: el saqueo  sin castigo de los montes y laderas de San Juan Atzingo, el corazón tlahuica del Bosque de Agua, que sigue latiendo. Exhausto.

Si bien no existe un inventario actualizado de la situación que guarda la biodiversidad del Bosque de Agua, los pronósticos del especialista son reservados: "De continuar las prácticas extractivistas de sus recursos,  se hará imposible vivir en la capital del país, Ciudad de México, en 25 años. Ya no habrá agua, su reservorio principal está a punto de tronar", alertó.

Actualmente esa extensión de bosques que se dispersa fragmentado a través de la reserva de Los Dínamos de Ciudad de México y las inmediaciones del Parque Nacional La Marquesa, hacia el norponiente por Naucalpan y Huixquilucan, más allá fraccionado por el trazo de la México-Toluca,  y siguiendo hacia el sur por  San Juan Atzingo, Estado de ´México y más al sur por los rumbos de Huitzilac, en Morelos, proporciona agua a 25 millones de personas.

Además  el Bosque de Agua  del que forman parte el Parque Nacional Lagunas de Zempoala (decretado así el 27 de noviembre de 1936), no solo es la principal batería  de suministro del vital líquido para enormes poblaciones del centro del país como Cuernavaca,  Ciudad de México (CDMX) y el Valle de Toluca, al proveerles el 70% del agua que consumen, también alberga y sostienen el 10% de la biodiversidad nacional, incluyendo entre dos mil 500 y tres mil especies de plantas.

Esto lo logra a través de un complejo y al mismo tiempo sencillo ciclo del vital líquido que depende de sus conglomerados de oyamel, explicó el experto.

La razón es que estas  coníferas funcionan  como "antenas de nubes", ya que con sus 40 metros de altura en promedio,  atraen las nubosidades  para luego, cuando caen como lluvia sobre sus densas copas, retener la humedad y filtrarla lentamente al subsuelo mediante otra rica biodiversidad con la que interactúan  -por ejemplo los esponjosos musgos-, para irla liberando lentamente hacia el subsuelo.

Se estima que hasta el 41% de la lluvia que captaron arriba los oyameles se filtra abajo y el proceso termina con los manantiales que se forman a partir de la filtración en los bosques, hasta abastece mantos freáticos, manantiales, ríos, arroyos y lagunas, que luego descienden a las poblaciones mediante otra red de tuberías y llaves.

Pero las llaves del cielo han comenzado a cerrarse sobre el Bosque de Agua. Las "antenas" que lo mantienen conectado al sistema hidrológico que arranca en las alturas con la humedad que atraen,  desaparecen aceleradamente para convertirse en muebles y polines.

IMPACTOS ECOLÓGICOS

La desaparición de tres embalses en el Parque Nacional Lagunas de Zempoala en este 2022, ha sido uno de los primeros síntomas graves de la alteración y fragmentación acelerada que presenta en general el Bosque de Agua, como resultado de la tala ilegal,  el urbanismo y los incendios, algunos provocados deliberadamente, advierten los campesinos durante una visita a la zona.

Akerberg coincide, pero también agrega otros elementos que han agravado aún más el fenómeno de la tala fuera de control: el cambio climático y la expansión de las ciudades, junto con las enormes obras de comunicación.

Cita como ejemplo, la nueva autopista a Naucalpan-Touca que terminó por fragmentar el bosque sagrado otomí-Mexica y partir por completo la comunidad de San Francisco Xochicuatla; esto pese a  sentencias que ordenaban la suspensión de las obras.

Paulino Neri Carlos, otro ejidatario de San Juan Atzingo, asegura que de las 18 mil 830 hectáreas que integran el territorio del pueblo tlahuica, incrustado en medio del Bosque de Agua, al menos 13 mil hectáreas  son bosques, o eran.

En sus estimaciones al menos seis mil 500 hectáreas  del parque Lagunas de Zempoala, han terminado  en alguno de los 14 aserraderos "clandestinos" que operan en la zona, sin que ninguna autoridad haga nada nada al respecto, ni responda a sus continuos reclamos, quejas y denuncias.

“Siempre nos dicen que las carpetas están mal integradas”, relata.

No obstante en algunas de estas denuncias ante autoridades estatales  y federales, los ejidatarios  han aportado  nombres y domicilios de los taladores; ubicación de aserradores y sus operadores,  modus operandi y  georreferenciación de estas bandas controlan la tala en las inmediaciones de las Lagunas de Zempoala,  pero ni eso ha servido.

La Protectora de Bosques (Probosque) del gobierno del Estado de México que encabeza Gabriel Mena Rojas, ex coordinador de delegaciones de la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales (Semarnat), en el gobierno de Enrique Peña Nieto, no respondió tampoco los cuestionamientos planteados con motivo de esta investigación, los cuales se hicieron llegar por los canales de comunicación social.

Tampoco respondió la Comisión Nacional del Agua (Conagua), a quien se solicitó una entrevista con el responsable de área y se entregó el cuestionario relacionado con la desaparición de las lagunas; la gestión se hizo con Fernando Melo, director de información. Durante más de un mes, desde el 22 de marzo pasado a la fecha, no se obtuvo ninguna respuesta. Solo evasivas y simplemente dejó de contestar los recordatorios por WhatsApp.

Ante la falta de respuestas oficiales, solo quedan las evidencias de la tala ilegal en tierra y las versiones de los indígenas en el territorio tlahuica, mientras que desde el punto de vista del experto de la Universidad Autónoma del Estado de México (UAEMex), es evidente que faltan “actos de autoridad” decisivos para acabar con la tala.

“Pues si tiene que ver obviamente con decisiones políticas, pues porque no se le ha dado la importancia que esto merece. Todo mundo sabe en las diferentes regiones del Bosque de Agua pues hasta los nombres  y las direcciones de donde viven las personas detrás de la tala ilegal y extracción ilegal de otros recursos naturales, pero pues no se ataca. Entonces aquí, pues no sé qué es lo que está pasando, si hay temor y ya es como una mafia y la misma autoridad no quiere actuar, o hay complicidad, la verdad es que es tan evidente, y pues dice uno ¿Qué están pensando, porque no lo hacen, porque no actúan?”, señala.

Refirió que además de la madera, también se están sustrayendo cantidades extraodinarias de tierra negra, hongos, agua  –que se está privatizando y adjudicando a empresas privadas y embotelladoras-, e incluso especies menores con las que se trafica, como los colibríes y plantas como el musgo y henos en diciembre. Esto tiene que acabarse, señala.

Adicionalmente datos  de la Protectora de Bosques (Probosque) disponibles en su página oficial, revelan que los bosques de la región donde se ubica las Lagunas de Zempoala, ocuparon el segundo lugar en incendios apenas en 2021, con 106 conflagraciones y 1,345.20 hectáreas afectadas; mientras que a nivel nacional, la entidad ocupa el cuarto lugar en incendios.

Frente a este panorama, el experto en el Bosque de Agua estima que alrededor el 10% de sus especies están en riesgo o enfrentan alguna categoría en ese sentido.

Ante la ausencia de acciones y la indolencia oficial, la suerte de las Lagunas de Zempoala  y de  25 millones de humanos,  penden de un bosque.

LOS IMPACTOS

Es marzo. Inicio de la primavera. Cuatro hombres de huaraches y sombrero de San Juan Atzingo bajan por una sinuosa vereda desde la carretera México-Cuernavaca, hacia esa acuosa esmeralda   de bellos reflejos rodeada de cerros boscosos por el frente, rapados por atrás.

En fila uno tras otro descienden hasta las inmediaciones de la Laguna para ver lo que les dejó el más reciente ataque nocturno de las mafias de talamontes que asedian el lugar desde hace más de una década.

 La tala se ha incrementado en 200%  en estos años sostiene Paulino y agrega que solo cuando la Guardia Nacional (GN) entra en acción, muy de vez en cuando, la tala baja en 80%, pero hoy los talamontes operan en sus narices.

A solo unos metros del campamento de la GN, llevan y traen madera como lo más normal…

Adelante siguiendo la dirección de la carretera hacia la Ciudad de México,  los impactos del saqueo: laderas completas de cerros de más de 500 metros de altura han sido arrasadas por completo, de arriba abajo. Luego les han prendido fuego para quemar las semillas y bloquear la regeneración natural.

Detrás de las menguadas lagunas, otro cerro quedo expuesto por completo, su bosque desapareció en un 100%, aunque en este caso la elevación no se alcanza a captar a simple vista, hay que incursionar a lo profundo del bosque.

Los taladores no se han ocupado de intentar simular el desastre, enormes trozos de árboles que no alcanzaron a cargar, son abandonados en caminos que abren con equipo especial durante la noche  y por donde arrastran las moles en ocasiones de más de 60 años.

También hay amplias laderas quemadas por completo donde mataron la vida.

Ese día,  la comunidad de San Juan Atzingo andaba en otro sector de la reserva, intentando por sus propios medios apagar un incendio.

En el pueblo, allá abajo, hicieron correr la voz de “¡fuego, fuego!” y  algunos indígenas,  hombres y mujeres llegaron corriendo a la delegación del Pueblo Tlahuica, subieron a vehículos de uso común para acercarse a la zona, luego  ascender a pie hasta la conflagración. No llevan equipos, solo ganas, conciencia.

Abel Felipe Zamora, advierte que los taladores no solo asolan sus tierras comunales, también provocan incendios para distraerlos, mientras ellos, en algún otro punto distante talan a gran escala apoyados por motosierras, camiones de gran tonelaje, cadenas y guardias armados.

Sostiene que sus comunidades comienzan a recibir los impactos del saqueo a sus bosques, ya no tienen agua o comienza a llegarles menos, algunos arroyos han desaparecido o se han secado por completo. Y esperan que se ponga peor en mayo, dice.

Algunos cultivos de la región también comienzan a resentir la falta de humedad por la pérdida de masa forestal, ya que se nutren y crecen bajo “el sereno”, esa  humedad matutina o rocío que se da entre la madrugada y la mañana en las montañas; es el caso de los ejotes o las papas, también algunas flores de ornato.

Al respecto el especialista  revela que la densidad de los bosques es clave para mantener funcionando todo el ecosistema, pues los conglomerados “apretados” de oyameles, son los que hacen el trabajo descrito arriba. Incluso  hasta la sombra que proyectan y sus copas que se entretejen, “encapsulan” la humedad y la temperatura apropiada. Si el bosque pierde su densidad, todo el sistema comienza a resentirlo.

El otro impacto es que de los embalses de este Parque Nacional, la laguna Tonatiahua, la principal, está reducida al 70%, pero  en algunas zonas ya quedaron expuestos los bordos de más de un metro y en otros puntos comienza a verse  su fondo. El azul turquesa ha sido desplazado por manchones terragosos

Ahí mismo a un costado, un viejo puente de madera que permitía cruzar una pequeña laguna  que los campesinos llamaban “Coyotongo”, se ha esfumado. El puente ya no tiene sentido. La lagunita “Petronilos” también desapareció esta temporada. A lo lejos se observan solo humedades y oquedades de ambas.

Por si fuera poco, otra laguna llama “Quilas”, también ha desaparecido, pero esto se debe a que sus aguas son aprovechadas por el municipio de Huitzilac, en Morelos, para alimentar comunidades aledañas al Bosque de Agua, explican los campesinos.

En las memorias del pueblo tlahuica se tiene la referencia de 70 lagunas, hasta hace 20 años se contaban 7. Hoy son tres.

Filiberto Ciriaco Gómez, el primer delegado del pueblo de San Juan Atzingo, dice que le preocupan sus hijos y los hijos de sus hijos ya que la tala y el saqueo de sus bosques, están llegando a un punto sin retorno. Ávila Akerberg coincide.

También peligran algunas de las especies endémicas más preciadas por los biólogos en esta zona: el conejo teporingo o “acapuche” y el “ajolote de Zempoala”, ambas en riesgo de desaparecer del planeta para siempre.

El experto, quien recién presentó el documental “Xänthe Dehe”, para escuchar voces representativas de los pueblos del Bosque de Agua ante su inminente pérdida, refiere que el 35% de la superficie forestal original de ese enorme ecosistema ya se ha perdido; del Bosque de Zempoala, los campesinos consideran que un tercio se esfumó.

LA PRIMERA LÍNEA

Nicolás Hernández Alberto, quien en 2006 se enfrentó a Enrique Peña de la mano de Idelfonso Zamora –en ese momento presidente de los bienes comunales de San Juan Atzingo-, por la defensa del bosque tlahuica,  advierte que ya son 62 años de lucha por defender su territorio, lo que les ha costado muertos, detenciones arbitrarias, torturas, persecuciones constantes, cárcel injusta y pobreza.

Recuerda que por aquellos años bandas de talamontes que para entonces comenzaban a organizarse con la complicidad de autoridades, les quemaron hasta en tres ocasiones un complejo de cabañas rusticas que habían levantado en las inmediaciones de las lagunas  para rentarlas a los turistas y allegarse de recursos.

Más tardaban en volverlas a armar completas que los taladores llegaban en masa y les prendían fuego durante la noche; y al siguiente día ya las estaban levantando de nuevo… y así, recuerda.

También en 2007, durante el gobierno de Enrique Peña Nieto, cuando comenzó a dispararse la tala en la zona, el hijo de Idelfonso Zamora, fue “cazado” en el bosque que cuidaba, como le enseño su padre, y asesinado por taladores de la comunidad de Santa Lucía.

En esa emboscada del 5 de mayo del 2007, el otro hijo de Idelfonso, Misael, resultó lesionado. La lucha valiente de Idelfonso por la defensa del Bosque de Agua, donde encabezó las primeras campañas comunitarias intensas de vigilancia, defensa y reforestación del gran Bosque de Agua, fue acompañada por organizaciones internacionales como Greenpeace.

A la fecha, al menos dos de los asesinos de Aldo Zamora siguen prófugos de la justicia y en julio próximo Idelfonso cumplirá dos años de haber fallecido, tras un largo padecimiento de insuficiencia renal que se agravó tras ser encarcelado por delitos fabricados.

Lo que pocos saben es que el hombre detrás de Idelfonso, su compañero silente de lucha, fue Nicolás.

Don Nicolás es un indígena alto, delgado, de 60 años y traductor oficial de la lengua tlahuica, que junto con Zamora y sus compañeros del comisariado, se lanzó a la lucha jurídica para obtener el reconocimiento de los territorios del pueblo tlahuica, entre el 2000 y 2015, hasta lograr los títulos oficiales sobre más de 12 mil 500 hectáreas, además de que siguen peleando otras 6 mil.

Ese flanco de su lucha, abierto por ya casi dos décadas, les ocupaba desde entonces la mitad del tiempo, la otra mitad la dedicaban a sembrar árboles e idear estrategias para combatir la tala, a veces para pelear por cada árbol prácticamente cuerpo a cuerpo contra los taladores.

En alguna ocasión, Idelfonso, Nicolás, Paulino y otro compañero fueron secuestrados por policías estatales a bordo de patrullas. Tras ser golpeados por alrededor de 30 elementos y cuando estuvieron a punto de recibir el tiro de gracia, uno de los indígenas les dijo mirando directo al cañón: “Dispara, pero ya sabemos dónde vive tu familia y quienes son tus hijos”.

Avergonzado el comandante al frente del operativo, suspendió todo.

Ese indígena sagaz, fue Nicolás.

Don Nico recuerda que en el trayecto de esa lucha y cuando Idelfonso se sentía cansado debido a su enfermedad, uno a otro se decían: “vas tú”, y el siguiente tomaba el mando para marcar ruta a los campesinos que sin saber, ya estaban convertidos en activistas ambientales de talla mundial.

Luego cuando se cansaba Nico, Poncho –como lo llamaba Nicolás- decía: voy.

Nicolás en esos años recibió la encomienda de su pueblo de dirigir la lucha jurídica para obtener los títulos del territorio tlahuica, en tanto que Idelfonso llevaba la estrategia vigilante de los bosques. Al recordarlo ahora, el indígena considerado además el mayor experto en México en el idioma tlahuica, se sorprende a sí mismo cuando repara en que ni siquiera él supo cómo es que lo logró, ya que apenas curso el primer año de primaria.

A pesar de ello, recuerda que por años iba y venía a los juzgados especializados en temas agrarios y a los tribunales o a las fiscalías, sin saber ni entender absolutamente nada y con expedientes debajo del brazo que le costaba trabajo leer.

Tuvo que pedir permiso a su esposa e hijos, para visitar a hermanos de otras etnias en Oaxaca, Sonora y Veracruz, que ya habían logrado los títulos de sus territorios y que le explicaran cosas. También recuerda que en cada ida a los juzgados ponía mucha atención a los términos, hacía anotaciones y a veces pedía que le explicaran.

Más adelante descubrió que el abogado que habían contratado los engañaba y se había corrompido y cuando entendió más de términos jurídicos al fin encontró el camino, despidió al abogado, lo demandó y busco otro. Terminó haciéndose conocido entre magistrados y jueces y sí, logró los títulos del territorio de su pueblo.

Apenas en diciembre pasado San Juan Atzingo se declaró Municipio Autónomo Tlahuica y ahora  está concentrado en buscar reconocimiento como el municipio 126 del Edomex, pero buscan lograrlo, advierten, de forma pacífica. Incluso ya tienen una delegación, un cabildo y un ayuntamiento propios.

Y no, no se han rendido.

URBANISMO, BOSQUE A LA VENTA

Pese a que el 71% del Bosque de Agua forma parte de reservas naturales, parques o áreas naturales protegidas, esto no ha servido para detener el asedio ni de taladores ni de la explosiva expansión urbana  con sus megaobras y un ambicioso mercado inmobiliario que en los últimos tres sexenios en el Estado de México, ha centrado su atractivo en las zonas boscosas y reservas naturales o sus inmediaciones.

El investigador de ICAR, Víctor Ávila, advierte que cada vez crece más la expansión urbana dentro del Bosque de Agua, mientras que el director de agua y saneamiento de Ecatepec, Mario Luna, asegura que este explosivo aumento inmobiliario durante los últimos lustros en zonas consideradas  estratégicas para garantizar el abasto de agua en el Estado de México, solo puede explicarse de una forma: corrupción.

Registros de la Secretaría de Desarrollo Urbano y Obras Públicas, indican que entre 1999 y el 2019, el gobierno del Estado de México concedió  443 permisos a  igual número de conjuntos habitacionales y  un millón 163 mil 708 unidades, tanto de interés social y residenciales.

Esto significó la construcción 6.64 viviendas por hora entre 1999 y 2019, aunque fue durante los sexenios de Arturo Montiel, Enrique Peña y Eruviel Ávila, donde comenzaron abrirse las fronteras forestales a la venta.

Montiel  (1999-2005), prácticamente entrando, en 2001, concedió los primeros permisos de construcción masiva de viviendas para municipios que tenían  reservas de algún tipo (parques naturales, áreas protegidas o amplias riquezas forestales o de agua), como Valle de Bravo, Ixtapan de la Sal, Huixquilucan (el cual bordea el Bosque de Agua) y hasta en Tejupilco y Tonanitla.

En total Arturo Montiel concedió 181 permisos entre 1999 y 2005, para igual número de desarrollos con 351 mil 761 viviendas y residencias. Sus permisos incluyeron 4 mil viviendas al lado y enfrente del penal Santiaguito de Almoloya de Juárez (con la devastación de un cerro completo de donde las constructoras se abastecieron de grava), y los primeros desarrollos que abiertamente anunciaban su construcción en  zonas forestales.

Por ejemplo: Entre 2002 y 2004 autorizó desarrollos en Tonanitla con dos mil 901 viviendas y dos  más en Huixquilucan, con 2 mil 770 residencias  en el mismo lapso y con nombres tan irresistibles como “Bosque Real” (1ª y 2ª etapa) o Los Robles.

En Ixtapan de la Sal concedió los primeros permisos para residencias de alta plusvalía y en zonas “exclusivas”, sobre cerros,  montes y con vistas espectaculares. En esa localidad, con grandes suministros de aguas termales, Montiel permitió la construcción de las primeras 690 residencias  exclusivas  entre 2001 y 2004. Residencias que terminaron por ocupar políticos millonario o altos funcionarios de la administración pública, como jueces y más tarde expresidentes como Peña Nieto.

Peña aprendió bien. Siguió la política de su tío y autorizó la construcción y venta de terrenos, permisos y casas en zonas boscosas, un gran negocio para las empresas inmobiliarias.

Entre septiembre del 2005 al 2011, el gobierno de Enrique Peña Nieto concedió 175 permisos para construir 666 mil 175 viviendas y residencias. Con su proyecto “Ciudades Bicentenario”, prácticamente remató a los constructores, los municipios de Zumpango, Tecámac, Huehuetoca y los Cuautitlanes para los pobres, con miles y miles de viviendas de interés social; y en Huixquilucan, Lerma y Ocoyoacac para los ricos, en zonas boscosas.

De esta forma Peña comenzó a poblar las montañas de Ocoyoacac, y Lerma, cercanas al Parque Nacional conocido como la Marquesa, inmerso en el Bosque de Agua, con  desarrollos para personas de altos ingresos como “Bosques de los Encinos” (donde vive su tío Arturo Montiel),  con 372 residencias y dos permisos entre 2007 y 2010, e incluso Metepec, con desarrollos también de alta plusvalía y sobre zonas ejidales, que bordeaban ese bello municipio, hoy controlado por las élites económicas de la entidad, ligadas al PRI.

En Valle de Bravo hizo lo mismo, asignó los primeros permisos en áreas boscosas.

Con Eruviel Ávila, las zonas forestales de Ocoyoacac terminaron cercando la Marquesa por completo.

El “vidrierito de Ecatepec”, no paró de dar permisos en esa demarcación, donde el Bosque de Agua, del que forma parte La Marquesa (con terrenos de Ocoyoacac y Lerma) es casi un recuerdo, además de en otras zonas forestales como Jilotzingo, donde bajo nuevas figuras que involucran Fideicomisos, autorizó el desarrollo “Bosque Aviva 58”, para la insuperable cantidad de 19 mil 958 viviendas.

 Jilotzingo es famoso por sus bosques limítrofes con el Bosque de Agua.

Este permiso en particular, llama la atención pues se concedió a menos de un mes de que dejara el cargo, el 1º de agosto de 2017.

Sin embargo antes, en 2014, ya había autorizado los desarrollos “Vista  Bosque”, también en Ocoyoacac, con 277 residencias y centros comerciales y “Bosque de los Encinos” 3ª etapa, con otras 132 residencias.

Al siguiente año, Ávila Villegas, continuó poblando los cerros y montes de Ocoyoacac, Huixquilucan (Paseo del Bosque II, 330 residencias), Tonanitla y Nextlalpan. Lo mismo que en 2016, con nuevas autorizaciones para Huixquilucan (dos desarrollos más con 5 mil 501 viviendas) e inaugurando nuevas figuras legales para estas transacciones como “fideicomisos irrevocables de administración con derecho de reversión”.

Curiosamente, en 2017, y llegando, Alfredo del Mazo concedió algunas de las autorizaciones que más han impactado en los últimos años las zonas forestales que agonizan en Edomex.

En Huixquilucan, de donde es hijo pródigo, el 25 de septiembre de ese año, solo 10 días después de que asumió el cargo, aprobó a la firma SAPI el desarrollo con el nombre ecológico de “Cima del Bosque” para edificar cinco mil 564 residencias; y en Zumpango dos mil 818, en el conjunto “Paseos de la Laguna”, en tanto que en Temascalapa, localizado a los pies de la zona de los volcanes, dio la autorización para el desarrollo “Lomas de Paula” para 3 mil 685 viviendas.

En total, llegando Del Mazo autorizó nueve conjuntos con 16 mil 917 viviendas y residencias en siete municipios, pero sobre todo en Huixquilucan, Zumpango y Huehuetoca.

La actual administración de Alfredo del Mazo aún no transparenta los permisos que ha concedido para desarrollos habitacionales de los años 2020 y 2021, sin embargo ha saltado a la polémica en los últimos meses, frente a la inacción de su gobierno ante desarrollos residenciales de alta plusvalía en zonas de reserva de Valle de Bravo, donde hasta el agua del Sistema Cutzamala se están robando,  con la desviación de manantiales completos, para llenar albercas y presas “privadas” en la parte alta de Ávándaro, según lo  denunció y documentó con fotos y pruebas documentales,  el observatorio ciudadano de la Cuenca de Valle de Bravo.

Dichas intervenciones en la zona boscosa de Avándaro, tienen que ver con permisos irregulares concedidos a la empresa Stuppa Ranch  Residencial y Stuppa Ranch Hotel, denunciaron los ambientalistas.

Igualmente denunciaron la semana pasada, la construcción del Libramiento Norte de Valle de Bravo, por parte de la secretaria de comunicaciones del gobierno mexiquense, obra para la cual la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales (Semarnat), le negó las autorizaciones de Impacto Ambiental lo que no le impidió seguir con las obras violando la ley,  denunció el Centro Mexicano de Derecho Ambiental (CEMDA), el Observatorio Ambiental de Valle de Bravo y otras cuatro organizaciones más.

OMISIÓN: SELLO DISTINTIVO DEL GOBIERNO DELMACISTA

Ante este panorama y una escalada masiva de quejas por tala fuera de control en todo el territorio y particularmente en  áreas consideradas estratégicas para la seguridad hídrica del centro del país, como Atlautla, el bosque tlahuica, el bosque de agua, ahora Calimaya y Nextlalpan, además de Valle de Bravo,  la diputada local de Morena, Azucena Cisneros Coss,  consideró que la “permisividad” y la “omisión” del gobierno de Alfredo del Mazo, se han convertido en el “sello” distintivo de su gobierno, ante la pasividad, indolencia e incluso desprecio por casi todo.

Advirtió que esta impasividad e inacción del gobierno Delmacista, no es notoria solo en el tema ambiental, pues lo mismo ocurre con la seguridad, el abasto de agua, los servicios públicos y la procuración de justicia. Todo.

“Cómo te explicas que haya tanta omisión con tanta necesidad; el tema de la escases del agua en el valle de México por lo menos y en todos lados, es una realidad, es decir eso ya llegó, cada día hay menos agua en el valle de México  y estamos a punto de extinguir todos estos espacios, estos lugares que pueden estar suministrando servicios ambientales, entonces es indiferencia, es omisión, es impunidad, es corrupción, es estar coludidos,  es desprecio, es indiferencia, no encuentro otra manera de poder explicar lo que está sucediendo”, destacó.

Indicó que el gobierno del Estado de México está concentrado básicamente en “programas electoreros” ante la proximidad de las elecciones para renovar la gubernatura en 2023 (cuyo proceso inicia en septiembre próximo) y en atender temas de inmediatez.

LLAMADO URGENTE, DECLARAR ZONA DE EMERGENCIA LOS BOSQUES

Por su parte el pueblo tlahuica indicó que continuarán patrullando y vigilando sus bosques, porque estos territorios son sagrados y vitales para la continuidad de sus tradiciones, además de demandar la intervención urgente del presidente de la República, Andrés Manuel López Obrador y de las autoridades mexiquenses, ante el inminente colapso del parque natural Lagunas de Zempoala.

También al cierre de este trabajo, le hicieron llegar una carta al ejecutivo federal, solicitando que se declare “zona de emergencia o de contingencia ambiental a los bosques de los bienes comunales de San Juan Atzingo y los del Parque Nacional Lagunas de Zempoala; que se instalen casetas de inspección permanentes y de vigilancia, para que se revisen las unidades que entran  y salen a estas zonas a punto de colapsar; confiscar todos los aserraderos que operan en la zona; que no queden impunes los que compran esos grandes volúmenes de manera extraída de forma ilegal y que se revisen permanentemente los talleres de carpintería que operan en la zona, entre otros puntos.

De la respuesta real y activa de estas medidas, depende la vida y sustentabilidad de millones de familias.

Nicolás Hernández aseguró que seguirán defendiendo sus bosques, por lo que cualquier persona que ingrese a talar árboles o destruir los ecosistemas será presentada a las autoridades.

DATOS ADICIONALES

La extensión del “Bosque de Agua”, se estima en 235 mil hectáreas e incluye no solo el parque Lagunas de Zempoala, decretado así desde 1936, también la sierra del Chihinautzin, el Ajusco, la Sierra de las Cruces, en las inmediaciones del Parque “Insurgente Miguel Hidalgo”, mejor conocido como La Marquesa, hasta el Tepotzteco y el Desierto de los Leones.

 

*Ma. Teresa Montaño, es periodista independiente,  fundadora de la plataforma The Observer, Periodismo y Verificador del Discurso Público e integrante de la red SafeBox Network de Forbidden Stories