Columna publicada en el Semanario "Noticias del Centro".
PODER AL CENTRO
PODER AL CENTRO
Ma. Teresa Montaño
A solo dos meses de que se cumpla el primer aniversario de la masacre ocurrida en San Pedro Limón, municipio de Tlatlaya, donde militares fusilaron a una veintena de jóvenes y luego tres de las sobrevivientes fueron torturadas en espacios de la procuraduría general de justicia de la entidad, no hay ni un solo responsable de estos últimos hechos, no se ha pagado la reparación del daño en el caso de la tortura y todo parece indicar de que las autoridades mexiquenses le apuestan a dos cosas, quizás tres: el olvido, manipulación del caso (para llevarlo a la impunidad extrema) o enterrarlo bajo toneladas de evasivas, dudas y desviaciones.
Lo que ocurrió entre el 30 de junio y el primero de julio en oficinas de la procuraduría general de justicia del estado de México en torno a este caso es grave, muy grave. A solo unos pisos debajo de la oficina del procurador Alejandro Jaime Gómez Sánchez se ejecuto la tortura de tres mujeres, mismas que luego de sobrevivir a la masacre fueron trasladas a esa dependencia desde Tlatlaya para rendir declaración.
Inicialmente las mujeres fueron aleccionadas para que declararan como supuestas víctimas de un secuestro perpetrado a manos de las víctimas que horas antes habían sido ejecutadas, una a una, en la bodega referida.
Al negarse a lo anterior, las tres víctimas fueron sometidas a diversos actos de tortura y actos degradantes a la dignidad humana.
En las instalaciones de la procuraduría y específicamente en la Fiscalía de Asuntos Especiales de la dependencia, a solo unos metros de donde se encontraba el procurador, las mujeres fueron turnadas para aplicarles actos que solo se recuerdan en las peores épocas de un México que pensábamos superado o del mismo Medievo.
Fueron pateadas, golpeadas con los nudillos, cacheteadas y humilladas tumultuariamente por seis “oficiales” de la dependencia, al menos dos mujeres, una de ellas Ministerio Público del sector central de la procuraduría participó en los hechos y al parecer lo orquesto.
La resolución (Recomendación) emitida por la Comisión Nacional de Derechos Humanos sobre este caso es muy clara. A partir del punto 308 se aborda la responsabilidad de las autoridades mexiquenses en estos hechos, con una cronología y exhaustividad en la investigación que no deja duda. Incluso la voluminosa investigación ubica en tiempo y espacio a los probables funcionarios torturadores que continúan adscritos –y quien sabe si trabajando aún- en la dependencia.
El caso es que pese a todo esto, no hay un solo responsable detenido, sancionado y procesado. Y por si fuera poco, no hay a la fecha una reparación del daño a las doblemente victimatizadas mujeres. Este hecho por si solo, por otra parte, pone de relieve la situación que se vive en materia de Derechos Humanos en la entidad, tema manipulado políticamente y para abrir espacios al compadrazgo y los amiguismos cuando mucho. Ahí está el nombramiento de Baruch Delgado en la CODHEM, amigo personalísimo del ejecutivo en turno y que en el caso de Tlatlaya ha evadido pronunciarse… ¿ay que decir más?
