Por: Tere Montaño
Al igual que en el gobierno del DF, ningún funcionario de primer nivel de la administración mexiquense ha aceptado hacer pública su manifestación de bienes.
El espacio disponible en Internet para esta acción, en el portal de transparencia de la secretaría de la contraloría, está vacío.
Al igual que en el gobierno del DF, ningún funcionario de primer nivel de la administración mexiquense ha aceptado hacer pública su manifestación de bienes.
El espacio disponible en Internet para esta acción, en el portal de transparencia de la secretaría de la contraloría, está vacío.
La dependencia asegura que difundir la
manifestación de bienes no es obligatorio para nadie.
Pese a lo anterior, los espacios para que los funcionarios
del sector central del gobierno puedan hacer pública su situación patrimonial
están totalmente abiertos a fin de que puedan usarlos -voluntariamente-, en
cualquier momento.
Se trata en total de 59 funcionarios que en la página de
Transparencia de la Secretaría de la Contraloría, cuentan con un espacio
específico para agregar su manifestación patrimonial. Se incluyen espacios para
el gobernador Eruviel Avila Villegas y
su secretario particular; el coordinador general de comunicación social; el
procurador y subprocuradores, los 16 secretarios de gabinete; subsecretarios y
directivos de organismos descentralizados como CAEM, DIFEM, Insituto Hacendario e Issemym, entre
otros.
De los 59 servidores públicos, ninguno ha hecho uso de este
espacio.
La liga correspondiente es: http://transparencia.edomex.gob.mx/htm/manifestacion1.htm
Una búsqueda sencilla, dará cuenta de que ninguno de
los integrantes del gobierno mexiquense, ha optado por hacer uso de esta
herramienta de transparencia, ni
incluyo su manifestación ni del 2011, cuando
ingresaron inicio esta administración en septiembre de ese año, ni la del 2012.
MANIFESTACIONES ENCRIPTADAS
Al respecto el contralor interno de al Legislatura Local,
Victorino Barrios Dávalos, mencionó que el “encriptamiento” de la manifestación
de bienes no solo de los funcionarios del Estado de México, sino de todos los
políticos con cargo público en el país, es un hecho que abona a la opacidad y
eventualmente a la corrupción.
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